En siete meses, Fabricaciones Militares perdió $254 millones

El cambio de época que plantea la gestión del presidente Javier Milei, atraviesa prácticamente todos los niveles y funciones del Estado nacional. Ese espíritu, con un pragmatismo y velocidad de aplicación inédita, está plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia que tanto debate origina en el país, y en el proyecto de ley ómnibus que el miércoles el Ejecutivo envió al parlamento nacional con grandes reformas.

Entre ellas figura la posibilidad de privatizar 40 empresas y entes públicos, entre los que se encuentra la emblemática Fabricaciones Militares. Esa empresa, que es una Sociedad del Estado, está integrada por cinco plantas productivas y la sede central en Buenos Aires. Una de las unidades es la de Río Tercero.  
   El presidente Milei fue muy claro en afirmar que las empresas públicas deben ser cerradas, entendiendo que el Estado debe dejar de lado su rol empresario.

La ley que comienza a debatirse en las sesiones ordinarias de Diputados, vuele a colocar a Fabricaciones Militares bajo el estatus de “sujeta a privatización” dentro del Ministerio de Economía, como ocurrió en los años ‘90.

El argumento básico para la nueva ola privatizadora, además del conceptual, es el tremendo déficit económico que arrojan, que terminamos pagando todos los argentinos con los impuestos.

En el caso de Fabricaciones Militares la pérdida fue de 254 millones de pesos entre los meses de enero y septiembre de este 2023, según un informe de Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Nación al que tuvo acceso TRIBUNA. En ese período, FMSE tuvo ingresos por 12.996 millones de pesos, y egresos por 13.250 millones de pesos. La mayor parte de su facturación proviene de la producción química de la planta de Río Tercero, que cuenta con grandes clientes privados como Petroquímica Río Tercero y Atanor, por citar dos de las empresas radicadas en esta ciudad.

La empresa no es competitiva, y precisamente su transformación en Sociedad del Estado durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, fue para que cada unidad productiva lograra cierta autonomía y articulara más libremente con el sector privado. Pero esa transformación quedó a mitad de camino. Hoy, como en los años ‘90, se plantea seriamente su cierre o venta.

Con alrededor de 350 empleados, el impacto negativo en la economía de la ciudad sería importante. Sin embargo hay quienes sostienen que desde la comunidad local se pueden proponer soluciones “creativas” para mantener las fuentes de trabajo pero sin que implique una carga para el presupuesto nacional.

En ese marco, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa y excompañero de bancada Luis Petri. “La respuesta que recibí es que en estos momentos se está llevando adelante un proceso de auditoría y calificación de todas las empresas del estado, para hacer un estudio particular de cada una ellas que determine su valor estratégico, realizando análisis de producción, unidades de negocios desarrolladas, rentabilidad, entre otras”, dijo la legisladora nacional, quien le planteó al ministro de Milei “la necesidad del mantenimiento de la fuente laboral y de todos los puestos de trabajo en nuestra ciudad”. Indicó además que pudo “conversar sobre el valor estratégico que posee (la FM) y el gran potencial para ser unidades de negocio superavitarias”.

Brouwer también reclamó el pago de las indemnizaciones. 

Nuevo reclamo por las indemnizaciones

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning junto al ministro Luis Petri

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, volvió a reclamar el cumplimiento de la Ley 27.179 sancionada en el año 2015 que establece el pago de indemnizaciones a los damnificados por el atentado de 1995. “Entendemos que no se trata de tener voluntad política y decisión de pago, sino que estamos en presencia de una ley que el Estado tiene la obligación de cumplir”, dijo la legisladora tras reunirse con el ministro de Defensa Luis Petri. “Mi planteo se centró en exponerle lo que significó el atentado para nuestra comunidad y un detalle de todo el camino que vengo llevando adelante personalmente como diputada nacional, los distintos reclamos y las reuniones con los diferentes organismos para reclamar por el efectivo cumplimiento de dicha ley”, dijo.

Además, Brouwer de Koning mencionó un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, para instituir el día 3 de noviembre como Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del atentado a Fábrica Militar Río Tercero, con la intención de contar con su apoyo para que la iniciativa fuera tratada. “Dicho proyecto propicia la realización de actividades sociales, educativas y culturales vinculadas a la temática tendientes a preservar la memoria colectiva sobre el hecho, la solidaridad con las víctimas y a favor de la paz y la no violencia”, concluyó.

La última novedad sobre el pago del resarcimiento, fue la firma de un decreto del presidente Javier Milei que apunta a conseguir financiamiento, mediante la colocación de deuda pública, para hacer frente a esta y otras obligaciones económicas pendientes del Estado.