El futuro de la Revisión Técnica Vehicular en Río Tercero se decidirá el año que viene

Aunque la actualización de tarifas ya deba ser asimilado como algo natural en este contexto económico, en lo que refiere a la revisión técnica vehicular, generó algunas resistencias.

El aumento de un 20 por ciento al que sumará el mismo porcentaje en noviembre, fue aprobado en el Concejo Deliberante, hace algo más de una semana, aunque tuvo el rechazo de la oposición. De todos modos, no se debió a una cuestión de cifras, sino más bien, el marco legal en torno a esta prestación.

Uno de sus referentes, Nicolás Rodríguez, quien además es candidato a intendente, afirmó que el voto negativo tuvo que ver más bien con una “cuestión de base”, ya que no hay un contrato de concesión como correspondería.

En respuesta a ello, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Bonzano, admitió que está pendiente avanzar en el marco regulatorio, aunque al mismo tiempo, señaló que están conformes con el servicio y no han tenido inconvenientes ni quejas.

El funcionario explicó que actualmente, la empresa está operando bajo la prórroga por seis meses de  un contrato provisorio,  pero que la idea, al menos de esta gestión, es generar una licitación pública, o bien, municipalizar el servicio.

De todos modos, aclaró que tal decisión será tomada por el próximo gobierno municipal y está sujeta a la reelección del intendente Marcos Ferrer.

Aún así, entiende que a los concejales recién asumidos en diciembre de 2023 les demandaría un tiempo de tratamiento analizar las alternativas de esta prestación, por lo que estima que no habrá definiciones concretas hasta mediados del próximo año.

Bonzano cree que la opción más viable sería una concesión por al menos cinco años que le permita mayor previsibilidad a la concesionaria, promoviendo inversiones que redunden en un mejor servicio.

También señaló que dejar esta revisión a cargo del Municipio también fue analizado, aunque demandaría la compra de los equipamientos necesarios.

Esta fue una posibilidad concreta luego de que la anterior empresa a cargo del servicio, lo rescindiera de manera unilateral. Bonzano explicó que una cláusula contemplaba el préstamo de la infraestructura necesaria, pero no fue cumplida y generó un proceso judicial aún vigente.

En este contexto, surgió esta alternativa de “emergencia” para prestar un servicio que no es obligación del Municipio, aclaró el secretario de Gobierno, pero representa una comodidad y un ahorro para vecinos que de otra manera deberían recorrer no menos de 100 kilómetros para cumplir con esta exigencia vial.

Vale recordar que la ley que rige a nivel nacional, impone tal revisión de manera anual, a todos los rodados, a partir de sus dos años de antigüedad.

Más allá de todo esto, Bonzano afirmó que la empresa que se ha hecho cargo de manera provisoria, viene utilizando la maquinaria adecuada y el personal idóneo para prestar un servicio homologado a nivel nacional.

“Si no estuviera validado, habría venido gente al Municipio manifestando que tuvieron problemas en controles de distintos puntos del país y no eso no ocurrió”, sostuvo el funcionario.

También admitió que los automovilistas padecían cierta falta de comodidad en la ubicación anterior del control técnico, en el Paseo del Riel, sobre todo cuando crecía la demanda, en época de vacaciones, pero eso fue subsanado desde que se trasladaron a un galpón de la calle Arenales. No obstante, por ahora no están las condiciones dadas para realizar la inspección en vehículos pesados.

Por otra parte, Bonzano recordó que la tarifa recientemente actualizada sigue siendo más barata, con respecto a las más cercanas, en Villa María y Río Cuarto. Esto supone un “subsidio” para los vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta que se impuso un cobro extra para los vehículos “foráneos”, que alcanza el 50 por ciento, buscando a su vez, evitar la “competencia desleal”.

Aunque no cuenta con cifras precisas, el secretario de Gobierno estima que al igual que en el resto de la provincia, todavía hay un buen porcentaje del parque vehicular que no está cumpliendo con la normativa.

Puede interpretarse que esta percepción está ligada a cierta flexibilidad de los controles, aunque de ser así, solo estaría ocurriendo con los automóviles particulares y no el transporte público, con el que “somos muy rigurosos”, se encargó de resaltar el secretario de Gobierno.