Buscan prohibir que personas violentas judicializadas tengan contacto con niños en ámbitos laborales

La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), presentó un proyecto de ley que busca evitar que quienes hayan sido condenados por delitos violentos contra niños, niñas o adolescentes, incluyendo la violencia sexual, puedan acceder o desempeñar cualquier profesión, oficio, trabajo o actividad voluntaria con contacto habitual con menores, tanto en el ámbito público como privado.

El proyecto tiene como objetivo garantizar entornos seguros y libres de violencia para las infancias y adolescencias, estableciendo un marco legal que impida que personas con antecedentes por este tipo de delitos puedan desempeñarse en espacios donde exista contacto directo con menores de edad.

"Es imprescindible avanzar en herramientas que prevengan situaciones de riesgo. No podemos permitir que alguien que ha sido condenado por delitos de abusos sexuales esté habilitado para trabajar o participar en actividades donde tenga acceso a niñas, niños y adolescentes. Hoy no hay un panorama único a nivel nacional y necesitamos fijar presupuestos mínimos para que en todas las provincias se apliquen estos límites", expresó Brouwer de Koning.

El proyecto propone:
•Un filtro obligatorio: Quienes aspiren a trabajar o ser voluntarios en contacto habitual con menores deberán presentar un certificado de antecedentes penales que acredite que no fueron condenados por esos delitos.
•Prohibición de contacto: Si una persona está procesada por esos delitos, deberá ser cambiada de su puesto para evitar contacto, hasta que haya resolución judicial.
•Cese inmediato: Ante una condena posterior, el ejercicio de esas tareas cesará inmediatamente.
•Las organizaciones que reciben voluntarios también deberán prescindir de quienes estén condenados o procesados. 

“Actualmente las inhabilitaciones penales prohíben el contacto, pero solo duran por el tiempo de la condena. Nosotros queremos que la prohibición de contacto con niños sea para siempre, que se convierta en un requisito de admisibilidad para acceder a empleos que los exponga al contacto con menores, como los que ya existen en la Ley de Empleo Público Nacional para el caso de condenados a graves violaciones a los derechos humanos”.

Este proyecto se enmarca en una serie de propuestas legislativas que la diputada viene impulsando para fortalecer la prevención y la protección de los derechos de las infancias y adolescencias, y contribuir a construir una sociedad más segura y consciente.

“De nada sirve prohibir el contacto solo en instituciones públicas y, por ejemplo, en una escuela privada o un club deportivo no existan este tipo de controles de manera obligatoria. Por eso entendemos que el Congreso puede extenderlo al ámbito privado”, expresó la legisladora de Río Tercero.