Cómo es el mecanismo de selección de los jueces y funcionarios judiciales

El mundo judicial parece muy lejano a los ciudadanos de a pié. Su complejidad, los términos utilizados por jueces y abogados, y sus procesos laberínticos, mantienen al servicio de Justicia lejos de la vida cotidiana. Pero afortunadamente, son cada vez más los integrantes del Poder Judicial que comprenden que los nuevos tiempos requieren de más cercanía con la gente. Es decir, un Poder Judicial abierto que explique cómo sus mecanismos institucionales contribuyen a la transparencia y a mejorar la vida dentro de las normas que nos rigen.

Uno de esos aspectos, es el proceso de selección de jueces, fiscales y funcionarios judiciales: una función básica y central del Consejo de la Magistratura en Córdoba.

Nuestra circunscripción judicial, la décima con asiento en Río Tercero, posee un representante en ese órgano como consejero: el camarista penal Marcelo Ramognino. El juez es un defensor y admirador del funcionamiento del sistema, ya que, según afirma, garantiza que lleguen los mejores a ocupar los cargos y con total independencia del poder político.

Es muy importante así, que los ciudadanos conozcamos cómo acceden esos hombres y mujeres que decidirán sobre la libertad de las personas, su patrimonio y su familia.

Córdoba fue una de las pioneras en la creación del Consejo de la Magistratura, a partir de su vigencia por ley en 1999, durante la gobernación de José Manuel de la Sota. ¿Cómo está integrado y cómo funciona? 

La confección del listado de orden de mérito, es el resultado de un completo proceso de selección, que consta de la inscripción de los aspirantes, la admición, un examen escrito que es tomando por una sala examinadora integrada por un juez, un representante de los abogados y otro de la facultad.

El examen escrito consiste en la resolución de casos reales asignados por sorteo, que cada aspirante debe tratar en un tiempo determinado de seis horas. El examen, una vez finalizado, es innominado, es decir solo identificado con un código de barras de modo tal de mantener en reserva el nombre del postulante. La calificación correspondiente está a cargo de la sala examinadora. Quienes aprueban, obteniendo entre 20 y 40 puntos, siguen en carrera. El resto es excluido. Esos aspirantes son luego entrevistados por el pleno del Consejo, integrado por un representante del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General de la Provincia, del Ministerio de Justicia, de la Legislatura, de los abogados del interior, de los abogados de la capital, un representante de los magistrados del interior, otro de la capital, y un miembro de la academia de derecho. Así completan los nueve miembros titulares; además de los veedores del Colegio de Abogados, y de la Asociación de Magistrados.

La entrevista es individual, sobre varios aspectos personales, técnicos y funcionales. La nueva nota para esta etapa surge del consenso de todos los integrantes del Consejo. 

A partir de allí se confecciona la lista de orden de mérito con el promedio de las notas obtenidas en las etapas de selección. El aspirante debe obtener más de 70 puntos para integrarla.

El listado es el que luego eleva el gobernador para el tratamiento de los pliegos respectivos en la Legislatura.

Ramognino subraya que el titular del Poder Ejecutivo no puede modificar el orden de los aspirantes y debe respetarlo tal como fue confeccionado desde el Consejo. Ese punto se dio tras una modificación de la ley que le quitó discrecionalidad a ese trámite.

Marcelo Ramognino,consejero titular en el Consejo de la Magistratura

Así, el que figura al tope de la lista, es el primero que ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Unicameral para la entrevista respectiva, previa a la resolución que se tratará en el recinto para la aprobación de los pliegos. 

“Por un lado este procedimiento garantiza la igualdad de oportunidades para todos, y la idoneidad de los aspirantes a través de la prueba escrita y las entrevistas. Garantiza el acceso a todos aquellos que se sientan capaces de cumplir con los requisitos” para acceder al Poder Judicial o ascender dentro de él.

Además, otorga una clara garantía institucional al quitarle la discrecionalidad del Ejecutivo para proponer a los postulantes. “Es una garantía de transparencia y de igualdad de oportunidades”, aseguró Ramognino.