Con una polémica ya superada entre el Municipio y las entidades proteccionistas de los animales, el Concejo Deliberante comenzó a analizar el proyecto de ordenanza de zoonosis presentado esta semana por el Ejecutivo municipal. En la iniciativa se contempla la creación de un centro de castraciones que, según lo anunciado, se realizará con una inversión de cuatro millones de pesos. La idea es concretar unas 200 esterilizaciones mensuales de perros y gatos, a fin de controlar la actual superpoblación de mascotas sin dueños o comunitarios. 

El proyecto contemplaba en principio la posibilidad de eutanasia de los animales que no lograrían ser reinsertados por sus condiciones de agresividad, conducta y salud, pero finalmente ese artículo será suprimido en el tratamiento legislativo.

“Quiero ser categórico: mientras yo sea intendente, no se va a sacrificar a ningún perro, ningún animal en la ciudad de Río Tercero”, dejó en claro el jefe comunal, acompañado de Diego Paulus, responsable del área de Zoonosis y de la concejal radical Silvia Italiani. Y fue más allá al sostener que “nunca” su administración dejará a las organizaciones proteccionistas “sin la posibilidad de ser escuchadas o de participar”. 

Además, el proyecto plantea una novedad para Río Tercero: prohíbe definitivamente la tracción a sangre, es decir la utilización de animales como medio de movilidad de carros. Prohíbe también la tenencia y cría de equinos en el ejido urbano.

La futura ordenanza plantea varios aspectos: las castraciones masivas a cargo de médicos veterinarios que serán contratados por el Municipio, el retiro de los animales de la vía pública para ser ofrecidos en adopción en un trabajo conjunto con los proteccionistas, la creación del centro de zoonosis municipal que impulsará un programa de sanidad animal previniendo enfermedades, entre otros.

Pero además plantea la iniciativa una seria de responsabilidades de los propietarios de las mascotas, que deberán identificarlas y no dejarlas en la vía pública, como así también a los perros llamados “comunitarios”, es decir aquellos que viven en la calle y son alimentados y cuidados por los vecinos.

Por otra parte, el proyecto prohíbe expresamente la “matanza” de animales con prácticas no previstas en las leyes nacionales de protección animal.

Un apartado que quizá provoque polémica, es la prohibición de construcción o instalación de nuevos caniles o albergues de índole privada, “a excepción de los que sean autorizados por la autoridad de aplicación para resguardo temporario de algún animal en emergencia”. No obstante, como se trata de un proyecto puede ser modificado. La futura ordenanza también prevé multas para quienes infrinjan algunas de las disposiciones planteadas.

Básicamente, el proyecto impulsa “promover la adopción con el fin de garantizar la salud pública, llevando a cabo distintas actividades para concientizar en el cuidado responsable de mascotas quienes deben encontrarse contenidas dentro de los hogares que los albergan y no sueltos en las calles, por su seguridad y la de los vecinos”, además de las castraciones quirúrgicas masivas de mascotas sin dueño o comunitarias.