En 200 años de historia nuestro país no ha podido resolver la cuestión del federalismo.  A esta altura de los acontecimientos, solo dos jurisdicciones -Provincia y Ciudad de Buenos Aires-, generan renta fiscal positiva, es decir, sus aportes son mayores que sus gastos, y así, financian la coparticipación. Por otro lado, otras dos provincias -Córdoba y Santa Fe- son autosuficientes, pero no son aportantes netos, y para finalizar las provincias de Mendoza y Neuquén están cerca de vivir de sus recursos. Las 18 provincias restantes dependen de la coparticipación en distinto grado, ya que tienen renta fiscal negativa. 

Cuando digo que nuestro país no ha podido resolver la cuestión del federalismo, me refiero a que se debe asumir un desafío claro hacia la independencia económica y política de las provincias, para que los ciudadanos potencien los recursos que cada estado provincial posee, no esperar ni depender del aporte de la Nación. Y generar rumbos con estilo propio, apostando fundamentalmente a la EDUCACIÓN, el recurso más preciado que posee un ESTADO. 

A pesar de la Constitución de 1853, donde se establece que “la organización de los gobiernos provinciales, queda solo sujeta a las estipulaciones que las Constituciones provinciales fijen, sustrayéndose por entero de la órbita del gobierno federal”, la recaudación se concentró en la Nación y luego surgió el esquema de coparticipación, que permitió distribuir lo recaudado entre la Nación y las provincias.

A partir de 1880 el país se pacificó, llegó el crecimiento a través de un ordenamiento centralizado en la ciudad y provincia de Buenos Aires quien está conectada geográficamente a la pampa húmeda. Polos menores se generaron en el NOA con la caña de azúcar y el algodón, en la Patagonia con la explotación petrolera y, en Córdoba y Santa Fe, con la agricultura revolucionada por la tecnología y la metalurgia como acoples claves, sin descuidar el avance metalmecánico. 

El sistema actual heredado, posee demasiadas falencias, existiendo un desequilibrio entre las provincias, ya que son numerosas las que tienen escasa actividad económica sin generar empleo genuino y sin recaudaciones suficientes para mantener sus estados anacrónicamente desequilibrados con respecto al empleo público, aumentando el costo laboral. Esto se ve agravado por el hecho de la poca explotación de las economías regionales, muchas asociadas a “la industria sin chimeneas”, que en estos últimos años generó una expansión sin precedentes. 

Tanto en la Nación como en las Provincias, el crecimiento de la economía a partir del esfuerzo del sector privado debe ser mayor al del sector público, se deben eliminar impuestos regresivos como las retenciones y “el demoledor asalto a los bolsillos” que cada provincia ejecuta a partir del impuesto a los Ingresos Brutos, de manera tal que el sistema tributario sea justo, federal y equitativo. Este enfoque reduciría el empleo precarizado y la evasión impositiva. 

Estamos cada vez más cerca del abismo, y es hora de poner un punto final, debemos dejar de postergar los debates clave en cuanto al funcionamiento tributario argentino. 

Como remarcó más de una vez el Santo Italiano de Asís, “empecemos por hacer lo necesario, luego avancemos sobre lo posible y de pronto estaremos logrando lo imposible”. Nuestro país lo requiere.