La inaceptable demora en el pago de las miles de indemnizaciones que el Estado nacional debe liquidar como compensación moral por el atentado perpetrado en la Fábrica Militar el 3 de noviembre de 1995, provocó nuevas reacciones políticas e institucionales, que se añaden a una nueva penalización judicial dispuesta por el Juzgado Federal de Río Cuarto.

El intendente Marcos Ferrer indicó que “a esta altura” no le sorprende “nada de este gobierno” nacional. 

“De los últimos 20 años de la Argentina, 16 ha gobernado el kirchnerismo. Hay una deliberada posición de no pagar”, cuestionó Ferrer en conferencia de prensa.

El intendente estuvo acompañado de la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y del abogado Mario Ponce, patrocinante de unos nueve mil damnificados que adhirieron a la ley 27179 aprobada por el Congreso Nacional en 2015 y reglamentada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. 

Esa ley dispone indemnizar por daño moral, psicológico y/o material y físico, a quienes hayan iniciado la demanda judicial y adherido posteriormente a la norma.

Ferrer sostuvo que el Gobierno nacional exhibe su “cobardía” por no expresar directamente que no tiene voluntad de pago, y opta por “chicanear jurídicamente” el proceso en forma constante.

“El gobierno interpone problemas. Hablando mal y pronto se está cagando en la gente (de Río Tercero). Y habla muy mal del ejercicio del poder. Encima que fue el propio Estado el autor del atentado, en manos de otra gente”, sentenció el dirigente radical de Juntos por el Cambio. 

“Sentimos impotencia porque vemos con frustración la falta de respuestas ante una situación tan sensible que atravesó nuestra comunidad hace 26 años”, aportó.

El gobierno es “un espanto”

“Claramente hay una decisión del Poder Ejecutivo de no pagar, de no cumplir con los compromisos, que no sorprende a nadie”, cuestionó Ferrer sobre el gobierno kirchnerista.

“Tenemos la responsabilidad institucional de decirlo, aún que esto signifique alguna consecuencia en términos institucionales y de gestión. Los cuales no me preocupan en lo más mínimo porque este gobierno (kirchnerista) es un espanto”, dijo.    

“No están cumpliendo con un compromiso del propio gobierno, lo cual es ya asombroso. Y no pagan las indemnizaciones que ellos mismos se comprometieron, en las condiciones que impusieron, y que los damnificados de Río Tercero aceptaron”. Es decir renunciando al juicio, con montos determinados y en bonos de deuda.  

“Hay gente que se ha muerto esperando cobrar este juicio. Y nuestra responsabilidad es no hacer silencio frente a esto”, concluyó Ferrer.  

Penalización

El juez Federal de Río Cuarto Carlos Ochoa dispuso una multa diaria contra la Nación de 1000 pesos por la demora de pago en cada expediente.

La medida se dictaminó sobre 400 causas firmes cuyos requisitos fueron cumplidos por los damnificados, en los cuales no habría ningún motivo para retener el pago.

Es decir que el Estado está obligado a pagar, desde hace más de un mes, unos 400 mil pesos por día de penalización: casi el mismo importe de cada indemnización, que asciende a 450 mil pesos. 

Audiencia con Taiana

“Queremos defender a más de 10 mil damnificados que no han recibido pago alguno después de 26 años”, añadió la diputada Brouwer de Koning. 

La legisladora de Juntos por el Cambio recordó que el pasado 26 de abril presentó un proyecto ante el Congreso instando al Presidente de la Nación a que cumpla con la ley. 

“El Estado hace caso omiso a cumplir con la ley”, señaló.

Brouwer reveló que en su condición de diputada nacional pidió una audiencia ante el Ministerio de Defensa, para reunirse con su titular Jorge Taiana y discutir el tema. 

La materialización del pago de las indemnizaciones le corresponde al Ministerio de Economía, pero Defensa es la encargada de impulsar y verificar el expediente de cada damnificado a través de una comisión de trabajo interna llamada “comisión Río Tercero”. 

“Esto es parte de la reparación histórica que está reclamando nuestra ciudad y que defendemos, además de la creación de una universidad nacional y la reactivación de la Fábrica Militar”, subrayó Brouwer. 

Ponce por su parte describió las idas y vueltas de los mecanismos de verificación y de pago, como las certificaciones que, una vez corregidas, se firmaron unas 250 en marzo en la Fábrica Militar y deberían estar firmes para su cancelación.

Los damnificados deben cobrar en bonos de deuda con un vencimiento específico y pueden liquidarlos a través de un agente de bolsa para convertirlos en dinero en efectivo según la cotización del día. 

Hasta ahora solo unos 10 damnificados cobraron las indemnizaciones dispuestas por la ley en cuestión, que ya contaban con sentencia judicial y adhirieron luego, patrocinados por otros estudios jurídicos de Río Tercero.