EDITORIAL II. La seria amenaza de sentencias laborales desproporcionadas e injustas contra las pymes, que las llevan a la quiebra

La discusión sobre la reforma de la legislación laboral en Argentina se ve intensificada por una serie de reclamos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que denuncian el impacto desproporcionado de recientes sentencias judiciales. Los empresarios advierten que "No se puede seguir castigando a las empresas", una declaración que subraya la percepción de que el sistema judicial actual pone en riesgo la continuidad de negocios que cumplen con sus obligaciones.

El caso más reciente en trascender es el de El Bahiense, una empresa de aditivos alimenticios propiedad de Mario Fiore en la provincia de Buenos Aires, que enfrenta una condena laboral de aproximadamente $250 millones. Este monto, según Fiore, se disparó a partir de una sentencia original de $3.018.834, debido a la aplicación de un índice de actualización con intereses que el empresario estimó en cerca del 20% mensual. Fiore, cuyo negocio emplea a 72 personas registradas y cumple con todas las obligaciones fiscales y laborales, cuestionó la tasa, sugiriendo que "no sé si es de Marte o de la Luna".

El origen del conflicto fue una suspensión de 15 días impuesta al ex empleado, quien había regresado a la planta tras 12 meses de licencia con goce de sueldo por supuestos problemas psicológicos. Tras su reincorporación, el trabajador fue responsable de la pérdida de un proceso de 3.000 kilos de producto por "un descuido, por no prestar atención a su trabajo". Después de la suspensión, el empleado se consideró despedido y procedió con la demanda judicial, sin intentar dialogar previamente con la empresa.

Un punto de profunda preocupación es que la jueza responsable de esta sentencia desproporcionada, Lucrecia Pedrini, es la misma magistrada que intervino en el denominado "caso Piégari". La similitud en la magnitud de las condenas sugiere un patrón de fallos que magnifican drásticamente los montos iniciales, especialmente a través de la aplicación de intereses.

El caso El Bahiense no es un hecho aislado. Se suma al ya mencionado de Piegari, cuyo dueño, Alberto Chinkies, enfrenta una demanda total de $270 millones, incluyendo multas e intereses, y un brutal embargo preventivo de $155 millones que amenaza con paralizar las actividades. Mientras el empresario sostiene que el ex empleado abandonó sus tareas, el ex mozo (con 26 años de servicio) niega el abandono y reclama la regularización de su contrato e indemnización.

Otro ejemplo emblemático es el de Naranja Mandarina, una micropyme de ropa infantil. Esta empresa de la provincia de Buenos Aires está luchando contra una deuda judicial de $190 millones y un delirante embargo de $330 millones, cifras que superan ampliamente su facturación anual. En este caso, el fallo laboral incrementó la deuda en más de un 1.200%, paralizando su actividad comercial y poniendo en riesgo su continuidad, a pesar de haber apelado ante la Suprema Corte bonaerense.

Ante estos hechos, el análisis crítico debe centrarse en el mecanismo de actualización judicial que convierte reclamos relativamente modestos en cifras que quiebran a las empresas, incluso aquellas que, como El Bahiense, aseguran tener 72 empleados registrados y cumplir con todas las obligaciones. 

El empresario Fiore ha expresado su desconcierto ante la "voracidad de los abogados" y la facilidad con que se presentan testigos, sugiriendo una necesidad urgente de revisar no solo las tasas de interés aplicadas, sino también la dinámica procesal que castiga severamente a quienes generan empleo.

Estos casos resaltan la tensión existente entre la protección de los derechos del trabajador y la sostenibilidad de las Pymes, sugiriendo que el sistema de justicia laboral, al aplicar índices de actualización tan elevados, actúa como una fuerza destructiva contra el capital productivo registrado. 

Es imperativo que la legislación y la justicia encuentren un equilibrio que no convierta un conflicto laboral singular en una sentencia de muerte financiera para negocios que son el motor de la economía nacional.