Comerciantes y empresarios se manifiestaron en contra del bono de $60 mil

Casi generalizado es el descontento y la oposición en el ámbito comercial y empresarial de Río Tercero respecto a una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, sobre el pago de una suma fija destinada a trabajadores tanto del sector privado como público.

Según lo anunciado, los empleados del sector privado que reciban salarios netos menores a $400.000 percibirán una suma fija de $60.000 que se pagarán en dos cuotas mensuales. Este monto no remunerativo se abona por única vez y es absorbible por las paritarias. De esa forma, el Palacio de Hacienda calcula que 5,5 millones de personas serán alcanzadas por este beneficio.

Luego del anuncio realizado a través de un video en las redes sociales el pasado domingo, las repercusiones no se hicieron esperar.

Industriales en contra
“El Estado no puede disponer sobre la caja del sector privado como lo ha hecho en este caso. El ámbito de discusión de mejora salarial de nuestros colaboradores es la paritaria, las cuales estamos teniendo cada tres meses y en las que negociamos el gremio representando a los trabajadores y los empleadores”, señaló la empresaria y presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de Córdoba (AFAMAC), Luciana Mengo.

“Una medida trasnochada como esta no viene a traer ninguna calma sobre el salario de la gente sino más bien viene a incomodar el vínculo que tenemos los generadores de empleo con nuestros colaboradores. No hace más que lesionar esa relación”, apuntó quien también es vicepresidenta 6ª de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

Mengo agregó: “Los empleadores hacemos muchísimas cosas por nuestros colaboradores sin que el Estado intervenga y que no sabe. Entonces no pueden venir a imponernos una manera de mejorar el salario por fuera de las herramientas o instrumentos que ya están establecidos. Lo consideramos ilegal, anticonstitucional”, planteó.

Rechazo rotundo
En coincidencia con Mengo, la presidenta del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero (CeCISA), Claudiana Gabaglio, indicó que existe descontento entre los socios del Centro, quienes en general manifestaron un rechazo a la medida.

“Como siempre, estas medidas son anunciadas para tratar de paliar alguna situación, en este caso la devaluación. Otorgan bonos a los empleados públicos con nuestra plata o poniendo en marcha la maquinita, y encima deciden qué es lo que tenemos que hacer con nuestros empleados”, reclamó.

La titular del CeCISA advirtió que las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales o bonificaciones especiales no contempladas en las paritarias naturales de cada sector. 

La directiva indicó que el Centro Comercial como integrante de FEDECOM, que a su vez forma parte del G6, grupo de entidades empresarias de Córdoba, rechazó “de plano” la iniciativa oficial y solicitó dar marcha atrás con el anuncio. “Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos adelantos salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, describieron.

Gabaglio indicó que si bien entienden la problemática del asalariado que necesita recomponer su salario frente a la última devaluación y el incremento de costos, “la medida plantea un conflicto entre empleado y empleador, donde cada uno pelea por sus derechos y el descontento se pone de manifiesto en el quehacer diario de la empresa o comercio”.

Al hacer los anuncios, el titular de la cartera de Economía detalló que el Estado asumirá el costo del bono mediante el pago a cuenta de contribuciones de Micro en un 100 por ciento y de Pequeñas Empresas en un 50 por ciento. En tanto, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos detalló este lunes en una conferencia de prensa que las empresas que tienen a partir de 100 o 110 trabajadores deberán asumir por sí solas el bono, de acuerdo al sector.

“Aún no está claro cuáles son las condiciones para que las micro y pequeñas empresas sean asistidas por el Gobierno para el pago del bono”, puntualizó Gabaglio y reclamó frente a las imposiciones que tendrán luego quienes sean beneficiadas: “Siguen apuntando hacia la libertad de las empresas. Primero hay que tener cintura para llevar adelante los problemas diarios que esto plantea y segundo, quienes accedan al beneficio, luego serán castigados coartando lo que cada uno quiera hacer con su empresa o comercio”, dijo.

Política “de campaña”
Para Carlos Lucero, presidente de la Cámara de Comercios Barriales, “siempre son bienvenidos estos bonos porque se terminan volcando en el consumo. El problema está en que no es una política lineal, clara, es una política de campaña, que nos deja en el mismo lugar de siempre, es un manotazo de ahogado”. Reclamó al Gobierno “políticas claras para la industria para que pueda fortalecerse y eso se traduzca en la mejora de los sueldos de los empleados”.

Lucero reconoció que la mayoría de los comercios barriales son atendidos por sus propietarios y no tienen empleados por lo cual no deben hacer frente al pago del bono.

En Río Tercero son más de 500 los comercios barriales de diferentes rubros. “Son una importante fuente laboral que en general funcionan bien, pero hoy no se puede proyectar por toda la situación que atraviesa el país, todos estos cambios groseros que enfrentamos”, señaló el dirigente.