La realidad que enfrenta hoy la sociedad respecto a los consumos problemáticos y la salud mental no es solo una estadística de oficina; es un grito de auxilio que surge desde las entrañas de hogares desbordados. La Dirección de Prevención de Adicciones ha encendido las alarmas ante una demanda de asistencia que se encuentra "colapsada", con una lista de espera importante que evidencia que el sistema ya no da abasto.

Lo más desgarrador de este panorama es el notable descenso en la edad de inicio del consumo de drogas. Ya no hablamos solo de jóvenes de 17 o 18 años; la problemática ha permeado a edades mucho más tempranas, y lo que es peor, los menores llegan con un nivel de daño físico y neurológico alarmante. El surgimiento de modalidades como el "pipazo" (fumar cocaína) está dejando secuelas crónicas y, en muchos casos, daños casi irreversibles en el cerebro de los jóvenes, destruyendo proyectos de vida antes de que estos siquiera comiencen.

Como sociedad, debemos enfrentar una verdad incómoda que César Tapia, titular del área, define con crudeza: estamos ante las consecuencias de una "orfandad de padres vivos". Existe una preocupante falta de acompañamiento y presencia responsable en el hogar. No se trata de ejercer una vigilancia a modo de policía, sino de que los hijos se sientan cuidados y escuchados. 

Sin embargo, esta responsabilidad no recae solo en la familia; la hipocresía social juega un papel determinante. Miramos hacia otro lado ante el consumo desmedido de alcohol en festejos como el "último primer día" , aceptando desbordes bajo el falso mito de que la felicidad es sinónimo de exceso.

El costo de esta desidia es altísimo, tanto humana como económicamente. Mientras el sistema público lucha por contener la demanda, el sector privado se vuelve prohibitivo: el costo de internación para desintoxicación en un neuropsiquiátrico ronda los 200.000 pesos diarios, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias que no tienen medios.

No basta con que un municipio tenga la decisión política de sostener una dirección de prevención si el resto de las instituciones -clubes, escuelas y, fundamentalmente la familia- no aportan su granito de arena. El silencio nos hace cómplices. Es imperativo vencer el miedo a hablar, denunciar lo que corresponde y, sobre todo, estar presentes, incluso cuando el cansancio del día a día nos abrume.
 

La enfermedad de la adicción es un infierno que devora la dignidad y destroza a las familias, dejando a padres sumidos en la desesperación y la resignación. Si no asumimos un compromiso colectivo y urgente, el futuro que se vislumbra seguirá siendo oscuro. La salud mental de nuestros jóvenes no puede esperar; su vida y su futuro dependen de una presencia responsable hoy.

Editorial II. Necesarios operativos para recuperar la convivencia ciudadana

La situación actual en la Plaza Esperanza pone de manifiesto un conflicto recurrente en los espacios públicos de nuestra ciudad: la tensión entre el uso recreativo y en ocasiones imprudente, y el legítimo derecho de los vecinos al descanso y la seguridad. Ante el incremento de los reclamos por ruidos molestos y maniobras peligrosas, protagonizadas mayoritariamente por motociclistas, la Municipalidad de Río Tercero ha decidido reforzar los operativos fijos y móviles en la zona.

Esta medida es una respuesta necesaria a una problemática que no solo afecta la tranquilidad auditiva, sino que pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos. Es fundamental reconocer que los reclamos vecinales son válidos y que el Estado debe estar presente para garantizar que estos espacios no se conviertan en "tierra de nadie". La decisión de implementar controles permanentes busca, acertadamente, priorizar la seguridad de peatones y conductores frente a las conductas temerarias de una minoría.

Sin embargo, la efectividad de estos controles se enfrenta a un desafío complejo: la irresponsabilidad de quienes, para evadir la autoridad, optan por circular en contramano o por la vereda, incrementando el peligro.

Prevención 
En este sentido, la postura oficial de no iniciar persecuciones contra quienes huyen parece una decisión prudente, enfocada en prevenir accidentes mayores y resguardar a los transeúntes, aunque esto signifique un reto logístico adicional para las fuerzas de seguridad.

El refuerzo de la seguridad en la Plaza Esperanza no debe verse solo como una acción punitiva, sino como un paso esencial para recuperar la convivencia ciudadana. Los operativos continuarán con el fin de reducir el ruido nocturno y erradicar maniobras de alto riesgo. 

No obstante, el éxito a largo plazo dependerá no solo de la presencia municipal, sino de un cambio de conducta en los infractores que hoy ignoran las normas básicas de convivencia y respeto por el prójimo.