La Fiscalía Federal de Villa María avanza en la investigación de una causa en la que se encuentra involucrada una empresa dedicada a la fabricación de alimentos, ubicada en Tancacha. Los empresarios responsables de la firma están sospechados de vender cereales en el mercado marginal, sin pagar impuestos.

La causa está caratulada como “asociación ilícita fiscal” y puso el centro en la empresa de la vecina localidad -a la que también había llegado la Justicia de Entre Ríos por una causa similar-, y en la red que habrían armado con intermediarios conformados como empresas fantasmas.

En el marco de la investigación el pasado viernes 21 de octubre se concretó un megaoperativo que incluyó  21 allanamientos simultáneos en Tancacha, Villa María, Villa Nueva, Córdoba capital, Río Cuarto y Río Tercero, entre otras ciudades de esta provincia; como así también Capital Federal y San Juan.

La investigación se encuentra en una etapa inicial. Luego de los allanamientos la justicia comenzará a analizar el material secuestrado, fundamentalmente, los dispositivos electrónicos y la documentación.

Otra causa
La misma empresa de Tancacha también está siendo investigada por una causa similar por la Justicia de Entre Ríos. En agosto pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), junto a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, desactivaron la que se presume es una banda delictiva dedicaba a blanquear millonarias sumas de dinero mediante la simulación de contratos de arrendamiento apócrifos, confeccionados para certificar operaciones cerealeras en negro.

En el marco de esa investigación hubo allanamientos en Córdoba y en Entre Ríos, y hay cuatro personas involucradas a las que se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.

Las cifras que registraban los movimientos delictivos de la organización rondaban los 150 millones de pesos mensuales.

El dinero que la organización obtenía de las ventas ilegales –se trata de más de tres mil millones de pesos-, era destinado a la compra de camiones, camionetas, vehículos de alta gama e inmuebles. Los investigadores sospechan que se trata de operaciones de lavado de dinero.

La investigación judicial comenzó a sustanciarse por funcionarios de la Dirección Regional Paraná de la DGI, mediante tareas de escuchas telefónicas y fiscalizaciones a los sospechados.

La investigación determinó que la firma tancachense era usuaria de las cartas de porte apócrifas que confeccionaba la organización.

Supuestamente para concretar las maniobras ilícitas, la organización se valía de personas físicas y de sociedades con las que, mediante contratos de arrendamiento falsos, justificaban ante la AFIP que tenían cultivadas miles de hectáreas, cuando en realidad los cultivos no existían porque se trataba de contratos de arrendamiento falsos porque ninguno de los involucrados se dedicaba a la agricultura en su modalidad extensiva.

Aquella maniobra les permitía, según se explicó, emitir cartas de porte, las que realmente se utilizaban para blanquear el cereal que compraban otros operadores agrícolas y ellos mismos, en negro. La maniobra culminaba cuando la organización blanqueaba el cereal a través de la estructura montada a los efectos de lavar los activos obtenidos ilegalmente.