La familia Funes aseguró desde el principio que la muerte de Lucas había sido un caso de gatillo fácil. Sin embargo, la Justicia sobreseyó al policía que fue investigado. Apelaron esa decisión y ahora la muerte del joven de 24 años es investigada nuevamente.

La causa está en manos de la fiscal de Instrucción Paula Bruera, quien desde hace unos meses recepta nuevos testimonios. Además está a la espera de los resultados de una pericia virtual que permita determinar cómo ocurrieron los hechos.

El 14 de diciembre de 2012, Lucas Funes murió por un disparo que impactó en su nuca, en el medio de una persecusión de la policía en barrio Monte Grande, de Río Tercero. El informe policial indicó en aquel momento que el joven junto a su hermano Sergio habían intentado robar en un negocio. A raíz de esa situación fueron perseguidos por policías. El hecho terminó con Lucas muerto y el parte oficial indicaba que había sido en el medio de un intercambio de disparos.

La familia del joven señaló que nunca existió ese enfrentamiento: “En realidad fue una persecusión, a mi hermano le plantaron el arma que supuestamente tenía, además no se encontró ninguna vaina de esa arma y el dermotest que le hicieron dio negativo. A mi hermano lo acribillaron cuando ya se había rendido, estaba cansado, ya sin fuerzas”, relata Sergio Funes.

Por la muerte de Lucas fue imputado el agente Luciano Carnero por el supuesto delito de homicidio simple con exceso en el legítimo ejercicio de su cargo.

Esa resolución judicial fue apelada en dos oportunidades por la familia de Funes y llegó a la Cámara del Crimen de Villa María desde donde se ordenó que el caso fuera investigado nuevamente.

Tras la muerte de Lucas la fiscal Andrea Heredia Hidalgo, había concluido que durante un procedimiento, Funes habría huido ante la presencia policial, y cuando era perseguido en el marco de un enfrentamiento a tiros, el policía usó su arma reglamentaria, sin exceso.

El caso provocó manifestaciones de familiares que denunciaron un caso de "gatillo fácil" y abuso policial, además de hostigamiento y persecución policial contra jóvenes con antecedentes penales o por su condición social.

Sergio Funes se muestra satisfecho por la nueva investigación que se lleva a cabo por la muerte de su hermano: “Ahora hay nuevos testigos, mucha gente que por ese entonces había sido amenazada y no se animó a hablar. Es cierto que Lucas tenía un antecedente por robo, cuando tenía 18 años, pero él había cumplido su condena, entendió que estaba mal lo que había hecho. No obstante nos seguían persiguiendo. Aquel día corrimos precisamente por eso, porque cada vez que nos paraban teníamos una entrada a la policía”, relata Sergio.

Funes sostiene que a pesar del paso del tiempo “nada cambió dentro de la Policía, las prácticas que tienen son las mismas; nuestro caso no es el único”.

Manifestación
Los Funes, junto a otras familias que también aseguran haber sido víctimas de “gatillo fácil” formaron la llamada Comisión Federal contra la Violencia institucional. Una de las primeras acciones de esa organización fue la marcha que realizaron ayer viernes. Se manifestaron frente a Tribunales.

“Marchamos contra la impunidad, para que se esclarezcan los hechos en los que participan policías. Río Tercero es una ciudad blindada, acá nadie dice nada”, disparó Sergio Funes.

En la manifestación estuvieron presentes familiares de Mirta Selva y Alejandro Villalón, quienes murieron en un incendio intencional ocurrido en noviembre de 2014. Tiempo después de ese hecho la investigación terminó con las imputaciones de los policías Cristian Ahumada y José Vidaurre, acusados por el presunto delito de homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio. Los uniformados fueron detenidos en diciembre de 2016 y en octubre de 2018 quedaron en libertad luego de un juicio en el que fueron absueltos por los jueces técnicos y ocho jurados populares. Sin embargo, en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó aquel fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

En la manifestación también estuvieron presentes la familia y amigos de Yamil Malizia, de 16 años, quien murió tras protagonizar un accidente de tránsito cuando era perseguido por un móvil policial, en 2018. Por este caso no hay imputados.