Los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar, representados por el abogado cordobés Mario Ponce, insistieron ayer ante el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, que intime una vez más al Estado nacional a que cumpla en publicar la reglamentación de la ley 27179, que dispone el pago de las indemnizaciones por daños morales y psicológicos, originados por la tragedia. Los plazos legales para ello están largamente vencidos y los damnificados cuentan con dos fallos a su favor surgidos de un recurso de amparo.
El nuevo recurso fue presentado por Ponce luego de que el Estado nacional respondiera a una intimación del Tribunal, utilizando un proyecto de decreto reglamentario que incluyó una nueva figura legal denominada "causa judicial vigente" que, a criterio de Ponce, modifica el espíritu de la ley y niega, indirectamente, el derecho de los damnificados al resarcimiento económico.
El proyecto de decreto indica que podrán percibir las indemnizaciones, los damnificados con "causa judicial vigente". Entiende por ello a "todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de la instancia dentro de los seis meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015". Según la interpretación del escrito, ninguna de las causas tendría derecho a la reparación otorgada por ley, puesto que la tramitación de las causas está suspendida en función del acuerdo entablado el 22 de agosto de 2007, entre los damnificados y el Estado nacional, con el compromiso de pago a través de una ley del Congreso. Pero según Ponce "el Tribunal en ningún juicio iniciado por los damnificados ha dictado (...) ni perención, ni caducidad de instancia, por lo tanto todos los procesos se encuentran vigentes".
El abogado va más allá y señala que el proyecto de decreto reglamentario, elaborado en el marco de un dictamen jurídico del asesor Juan Manuel Mocoroa, "contradice sus propios actos y llega al absurdo de pretender el deudor establecer qué debe entenderse por causa vigente, en contra de la ley, la normativa procesal y los decretos dictados por el Tribunal (...) despreciando absolutamente a los damnificados".
"Se está debatiendo sobre un proceso que tiene más de 22 años, y en el caso particular de esta actual administración no se puede obviar su actitud frente a la obligación legal de reglamentar la ley: hubo que interponer una acción de amparo para que se la obligue a hacerlo, acción a la que se resistió utilizando todas las vías recursivas posibles, y hoy, firme la sentencia, se sigue negando a cumplirla", destacó Ponce en el escrito judicial.
"Definir que es causa judicial vigente intenta vaciar el contenido de la ley creando una categoría nueva de acción vigente, ignorando maliciosamente los propios actos del Estado nacional desde la audiencia de conciliación del 22 de agosto de 2007, origen de esta solución al conflicto, hasta hoy", añade el abogado.
"Vale recordar que los miles de expedientes en que se transformara esta acción colectiva fueron suspendidos en su trámite a partir del acuerdo celebrado ante el tribunal con el Estado nacional, a la espera de la sanción de esta ley, que salvo en el año 2011 siempre tuvo estado parlamentario desde su ingreso en el año 2009 a la Cámara de Diputados, y es por eso que están todas las causas vigentes, porque de acuerdo a la ley procesal es la perención de instancia o caducidad declarada por el Tribunal lo que fulmina el trámite", aportó.
La ley fue aprobada en 2014 por la Cámara de Diputados de la Nación y el 16 de setiembre de 2015 por el Senado, pero nunca se reglamentó.
Cabe destacar que los 10 mil damnificados representados por Ponce cumplieron con el trámite de adhesión a la ley dispuesto por el Tribunal, cuyo requisito es renunciar al proceso judicial para poder cobrar. En ese sentido, Ponce señala que el proyecto de decreto reglamentario es "ilegal", porque "altera el espíritu de la ley".
En conclusión el abogado plantea que "el Estado nacional no cumple con la sentencia dictada en el juicio de amparo, continúa dilatando la sanción del decreto reglamentario de la ley 27179, presenta un proyecto que viola la ley en su artículo segundo, primera parte, que de ser aprobado significará una nueva aberración jurídica y además pretende con ello inducir al tribunal, desde la nada, a 'evitar intimaciones futuras' para proseguir postergando el cumplimiento de la sentencia".
Para cumplir con esa obligación, la Nación debería disponer de unos 1.500 millones de pesos que se pagarían en bonos.
Al igual que la causa penal, que demoró casi dos décadas en su resolución y que aún hoy está vigente con el pedido de procesamiento a Carlos Menem, el expediente civil sigue por el mismo camino.

Respuesta oficial
En tanto, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Cambiemos Córdoba), señaló el jueves que el Estado nacional pagará las indemnizaciones comprometidas. "Se están pagando todos los juicios. Lo que estuvo circulando es un proyecto de un asesor jurídico que no tiene fuerza de decreto ni es la reglamentación de la ley", dijo la legisladora en declaraciones al programa Derecho y Revés Radio. "Ahora, ¿quién le dijo a los vecinos que desistieran de los juicios? Si no lo hubieran hecho ya habrían cobrado y un monto mucho mayor", concluyó, añadiendo otro ingrediente a la polémica.
Asimismo, la Legislatura de Córdoba aprobó esta semana una declaración en la que insta al Gobierno a reglamentar la ley y pagar las indemnizaciones.