En un extenso y crítico comunicado, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning cuestionó la resolución del Gobierno nacional de revisar el inicio de actividades de nuevas universidades, entre ellas la de Río Tercero.

Señaló que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley del Congreso, que la universidad cumple con todos los requisitos, y que cuenta con previsión presupuestaria. 

Brouwer, autora del proyecto de ley que creó la universidad local, cuestionó al presidente Javier Milei por incumplir la ley y desfinanciar a la educación pública, en una “visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado para garantizar el derecho a la educación”.

“Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”, expresó la diputada nacional.

“La Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: Informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio”, aportó.

Y añadió: “El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público. Para eliminar una ley y sus efectos el único camino es construir esa mayoría en el Congreso que hoy no tiene. Con ese argumento muchos derechos pueden quedar en jaque. 

“Esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando. Hoy las universidades no tienen certezas respecto a los recursos con que van a contar este año y los rectores de todo el país lo manifestaron en el posicionamiento del CIN de hace unos días”, dijo Brouwer de Koning en un documento de diez puntos. 

“El decreto pretende iniciar una "revisión del proceso de creación", facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses para que pueda viabilizar el proyecto institucional”, manifestó. 

“Esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables".

“El Rector Pablo Yannibelli ha desempeñado sus funciones ad honorem, y desde su nombramiento ha cumplido todos los pasos para asegurar la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Tercero. Ha cumplido estrictamente el mandato legal del Congreso y de la Ley de Educación Superior, presentando toda la documentación que requiere la autorización por parte de la CONEAU y además ha construido los vínculos sociales, comunitarios y productivos necesarios para darle vida a la UNRT. En este sentido, se concretaron 52 convenios con instituciones locales y regionales y existen muchos más en proceso de rubricación”, se explayó.

Precisamente, la resolución del Ministerio de Capital Humano, deja sin efecto la designación del rector.

Y continuó: “El edificio en donde funciona la Universidad pertenece a la Fundación Universidad Regional, que lo ha puesto a disposición para contribuir con la acción educativa. No hubo erogación alguna del estado en ese sentido”. 

“La sanción de la Ley implicó mucho esfuerzo de los riotercerenses, y es un duro golpe para nuestro anhelo de memoria, verdad y justicia ante los atentados que sufrimos en 1995 en la Fábrica Militar. La ley es una acción de reparación histórica, así lo definieron los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso”, indicó.

Y cerró: “Necesitamos dar vuelta la página de una vez por todas y no volver a las épocas en donde el estado negaba su responsabilidad en la voladura de la ciudad. Esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno, ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región”.

La decisión de "revisar" y suspender el proceso de puesta en marcha de la universidad, tuvo un alto impacto en la ciudad.