Un desafío mayúsculo tendrá el nuevo directorio de la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, que esta semana asumió tras el nombramiento del presidente Javier Milei.

El contador público y empresario Hugo Pascarelli fue designado para la presidencia de la firma estatal. Lo acompañan otros tres directores que reemplazaron a la vieja conducción que renunció luego del triunfo de Milei, que estaba encabezada por el abogado Iván Durigón.  

A través del decreto 79/2024 firmado por el ministro de Defensa Luis Petri y el presidente de la Nación, además de Pascarelli, fueron puestos en funciones el licenciado Carlos Alfredo Pérez Aquino como vicepresidente, el contador Gonzalo Javier Marianetti y el abogado Patricio Ezequiel Jaccoud Girart, como directores titulares. Este último prestará servicios ad honorem.  

Entre la experiencia de Pascarelli figuran funciones como CEO e integrante de directores de varias empresas, entre ellas Clorotec, Famar Fueguina SA, Delphi E&S South America, Monsanto, y la petrolera Shell, entre otras.

La primera reunión del nuevo directorio se desarrolló este miércoles en la sede central de Buenos Aires.
Pascarelli tendrá la función de revisar el funcionamiento operativo, económico y de negocios de FMSE, en el marco de su posible transformación en Sociedad Anónima para la eventual privatización, como lo establece el DNU y la ley ómnibus que la semana próxima tendría media sanción en Diputados. 

El flamante directivo de FM recibió en las últimas horas una crítica absurda por parte de algunos organismos de derechos humanos, por ser hijo de un excoronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.

Ahora resta el nombramiento de los directores en cada una de las fábricas. El último en Río Tercero fue José María “Pecho” López quien renunció el año pasado. 

FM tiene cinco plantas en el país: una en Río Tercero y Villa María, otra en Azúl (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe), y la quinta en la localidad de Jatchal (San Juan). 

Ninguna mantiene la producción para la defensa y son ya obsoletas en ese rubro. En cambio, proveen de importantes insumos químicos al sector privado, la planta de Villa María es productora de explosivos para la industria minera, y en Santa Fe lidera la fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad, entre otros productos. Sin embargo no es una empresa competitiva con sus más de mil empleados, la mayoría contratados, y con déficit. La pérdida económica para el Estado fue de 254 millones de pesos entre los meses de enero y septiembre de este 2023, según un informe de Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Nación al que tuvo acceso TRIBUNA. 

En ese período, FMSE tuvo ingresos por 12.996 millones de pesos, y egresos por 13.250 millones de pesos. La mayor parte de su facturación proviene de la producción química de la planta de Río Tercero, que cuenta con grandes clientes privados como Petroquímica Río Tercero y Atanor, por citar dos de las empresas radicadas en esta ciudad.

El directorio saliente encabezado por Iván Durigón, junto a la nueva conducción de FMSE

Apoyo legislativo en Córdoba

Un grupo de legisladores provinciales entre los que se encuentra el riotercerense Juan Pablo Peirone, propusieron que el funcionamiento de las fábricas militares de Río Tercero y de Villa María sea declarado por la Unicameral “de interés estratégico provincial, rechazando de plano la posibilidad de su transformación en Sociedades Anónimas y menos aún su privatización”. 

A través de un proyecto de declaración que lleva la firma del legislador por Tercero Arriba y otros tres de bloques parlamentarios diversos, enfatizaron que no se puede permitir que “se desguacen empresas fundamentales para el desarrollo argentino”. 

“Córdoba debe defender el funcionamiento de sus dos fábricas dentro de la órbita estatal, rechazando sin distinción de banderías políticas, la posibilidad de su transformación en sociedades anónimas y menos aún su privatización”, indica el proyecto.

Más allá de la intención política de los legisladores, la idea se contrapone diametralmente con la concepción política del gobierno nacional, que ya en campaña proselitista había adelantado la privatización de todas las empresas públicas.