En el núcleo llaryorista del justicialismo de Río Tercero preparan un nuevo y fuerte pronunciamiento sobre la conducción de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. En esta ocasión la mira está puesta en el balance del último ejercicio de la entidad.

“Lo estamos estudiando en forma minuciosa y nos pronunciaremos al respecto”, señaló ayer una alta fuente del PJ local, sector que ya no disimula el enfrenamiento que mantiene con la Cooperativa y que podría escalar en las próximas semanas.

La reelección de Luciano Badino al frente de la Cooperativa en la última asamblea y la permanencia de casi todos los consejeros aunque en diferentes puestos de conducción en el consejo de administración, fue tomada como un desafío de poder en la incipiente guerra fría que ambos sectores disputan desde la pasada campaña electoral local.

En el círculo local y regional cercano al gobernador electo, no perdonan que la conducción de la Cooperativa no haya apoyado en forma decidida al candidato a intendente José María “Pecho” López, y muy por el contrario haya evidenciado su acercamiento político al oficialismo municipal de Juntos por el Cambio, que ganó ampliamente los comicios con resultados históricos.

Desde la conducción del peronismo local, referenciado en su presidente Yamil Mengo Becil y en el legislador electo David Consalvi, apostaban a una “renovación” en la entidad, luego de más de dos décadas de continuidad. Pero eso no ocurrió. 

Los cuestionamientos no son solo políticos e institucionales, sino de gestión. Un asociado a la Cooperativa lo puso de relieve días atrás, al cuestionar en la Banca del Ciudadano del Concejo Deliberante, los elevados gastos salariales de la Cooperativa en su consejo de administración y en cargos jerárquicos. Este vecino se expresó previamente a un nuevo ajuste en la tarifa de agua y cloacas que se terminó aprobando, planteando que el verdadero déficit provenía de  un segmento salarial muy privilegiado en la Cooperativa.

En esa disputa política volvió a mencionarse ayer la posibilidad de una eventual intervención de la entidad a partir de la asunción del nuevo gobierno provincial, alegando algunas incompatibilidades estatutarias. Y no solo eso, sino además de la puesta en marcha de una profunda auditoría interna que revise compras y contrataciones decididas en los últimos años. El final de la película está abierto.