
El juicio fue abreviado y estuvo presidido por la jueza Guarania Barbero.
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Los bioquímicos, como casi todos los sectores del quehacer nacional, atraviesan una durísima crisis que afecta tanto a su desempeño profesional como al acceso a la salud de varios sectores de la población, al menos en lo que a prácticas de laboratorio se refiere, aunque también se encuentran severamente comprometidas otras ramas de la atención sanitaria (Ver “Nefrólogos...”).
Cuando aún no han sido atendidos los reclamos del sector referidos a la insostenible situación de la balanza de pagos, los atrasos arancelarios, y el creciente desfasaje entre costos, aumentados exponencialmente por el valor del dólar disparado en agosto, la inflación y los magros pagos realizados por las obras sociales sindicales y las estatales, además de las prepagas; los bioquímicos afrontan el momento más difícil de los últimos años, con la mayor parte de los profesionales que se niegan a financiar por cuenta propia a algunos sistemas de atención y laboratorios que corren el riesgo cierto de cerrar.
Las distintas entidades que agrupan a los 700 laboratorios privados de análisis clínicos y a 1700 bioquímicos de toda la provincia de Córdoba hicieron saber que, si no se modifican en breve las medidas que afectan gravemente su funcionamiento, en pocos días no podrán brindar más sus servicios.
Así lo dieron a conocer en un comunicado la Federación de Bioquímicos de Córdoba (Febico), el Colegio de Ciencias Bioquímicas de Córdoba, la Asociación de Bioquímicos de Córdoba, el Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y Bio Red SA.
“La devaluación del peso, los aumentos de los insumos médicos que en los últimos días llegaron hasta el 30 por ciento y que muchos son importados y a valor dólar, la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica y la demora en el pago por parte de las obras sociales y prepagas, hacen que nuestra situación sea muy difícil”, señaló Valeria Ferrucci, presidenta del Círculo Regional de Bioquímicos de Río Tercero.
La profesional indicó que el atraso en los pagos por parte de las obras sociales y las prepagas llega en algunos casos a los 120 días de realizada la prestación. Aunque advirtió que esta situación “no es nueva” señaló que en el actual contexto económico se “hace imposible de sobrellevar”, poniendo a la actividad bioquímica en una situación de enorme inestabilidad y precariedad.
Ferrucci indicó que a raíz de la situación que atraviesan los profesionales se decidió adoptar una medida que esperan sea “transitoria” y es solicitarle al paciente un copago de tres mil pesos por cada pedido médico, “hasta tanto el panorama cambie”.
La bioquímica apuntó además que para los casos en que las obras sociales o prepagas se encuentren atrasadas en sus pagos “se le cobrará una multa al paciente que consiste en 500 pesos por cada análisis de complejidad y 400 por cada uno de los de rutina”. Ferrucci admitió que “lamentablemente son los pacientes los que terminan afrontando esta situación pero no tenemos más opción”. Asimismo, señaló que los pacientes ”deben reclamar a las obras sociales para lograr que la situación mejore”.
Consultada sobre la reacción de los pacientes frente a las medidas dispuestas, indicó: “La mayoría lo entiende, sabe por lo que estamos pasando, se les explica que es la única solución que tenemos para tratar de revertir la situación”.
Ferrucci manifestó además que aunque el cobro de copagos “es común en otras ramas de la medicina, los profesionales bioquímicos no lo habíamos hecho hasta ahora pero la situación no da para más”.
La profesional reiteró que “bajo la actual situación se torna insostenible mantener en funcionamiento los laboratorios de análisis clínicos”.
A través de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Córdoba (Apheytrc), los nefrólogos de la provincia admitieron que atraviesan una “crisis terminal” ya que, pese a todos los intentos realizados, los insumos que reciben vienen con aumentos desmedidos, la importación de productos es prácticamente imposible, el valor de cada sesión ha quedo desvirtuado por la inflación, y la morosidad de algunas obras sociales elevan su deuda por más de mil millones de pesos.
El tesorero de la entidad, Carlos Borgatello, detalló las deudas del Ministerio de Salud provincial (carecientes) con 344 millones; Incluir Salud, 399 millones y Apross 341 millones de pesos, las que suponen una acreencia superior a los mil millones de pesos que aún no pudieron cobrar.
“Debo aclarar que es fundamental cobrar ese dinero para poder afrontar los pagos a nuestros proveedores y los aumentos que corresponden a los empleados”, indicó Borgatello.
La situación ha llegado a tal punto que, en pocos días más, los nefrólogos cordobeses se verán obligados a no recibir nuevos pacientes de diálisis: “No es que no queramos sino, lamentablemente, nos vemos imposibilitados de recibir nuevos pacientes pues los costos superan con creces nuestras posibilidades”, argumentó el tesorero de Apheytrc.
Ante este agobiante escenario, el directivo admitió que muchos centros están en serio riesgo de cierre y, con ello, las posibilidades de discontinuar el tratamiento de diálisis a muchos de los 2092 pacientes diseminados en toda la provincia.
El juicio fue abreviado y estuvo presidido por la jueza Guarania Barbero.
Gómez expresó su alegría por la nueva función, para trabajar de acuerdo al compromiso enunciado por el gobernador Martín Llaryora a fin de priorizar la salud pública de la población.
Nota de Opinión.
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Gómez expresó su alegría por la nueva función, para trabajar de acuerdo al compromiso enunciado por el gobernador Martín Llaryora a fin de priorizar la salud pública de la población.
El juicio fue abreviado y estuvo presidido por la jueza Guarania Barbero.
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