Supieron ser un eslabón clave para avanzar hacia importantes índices de alfabetización en un país de matriz agrícola como Argentina, pero el paso del tiempo cambió hábitos y eso no pasó desapercibido para las escuelas rurales.

Cualquiera tiene un familiar o un conocido que inició su proceso de formación académica en alguna de ellas, aunque  en este contexto de urbanización constante, cabe preguntarse qué función siguen cumpliendo y hasta cuándo lo harán.

Zulma Diez es inspectora técnica de zona y dentro de los 22 establecimientos educativos que tiene a cargo en Río Tercero, Almafuerte, Villa Ascasubi y Corralito, cuatro son rurales.

Cuando asumió en el cargo, hace 12 años, eran seis las escuelas dentro de su radar y en perspectiva, se anima a pronosticar que en un período similar, quedará la mitad de las actuales.

Más allá de la nostalgia que encierran estos espacios que en la región rondan los 80 años de antigüedad, la tendencia es clara y nada hace suponer que se revierta, sin embargo, Diez defiende la permanencia de aquellas que aún se mantienen abiertas y sobre las que ya no funcionan, aclara: “no fueron cerradas, se suspendió transitoriamente el servicio”.

La escuela que dejó de operar más recientemente, en 2021, se llama Ballesteros Barros, está ubicada a unos 12 kilómetros de Almafuerte y llegó a tener una sola alumna que fue reubicada en un establecimiento urbano, no si antes, “hablarlo con la familia”, aclaró la inspectora.

Según afirma, este tipo de decisiones, no tiene que ver estrictamente con el costo que representa mantener un establecimiento abierto para tan mínima matrícula, sino las desventajas de la falta de contacto social con otros pares, no solo en la faz académica sino también lúdica. “Lo primero que hay que pensar es en el estudiante”, asegura Diez. Al mismo tiempo, recurre a ese axioma tan escuchado como una barrera durante la cuarentena, al decir que “el aprendizaje no se hace solo”, en relación a la importancia de “trabajar en equipo o escuchar al otro”.

En este marco, asegura que es el único caso en que se procede a suspender el funcionamiento de las escuelas, hasta que se revierta la situación, aunque eso no haya ocurrido, al menos durante su gestión.

Bajo este criterio, seguirán abiertas con futuro incierto, otras escuelas de la zona que actualmente tienen una asistencia de entre cuatro y siete alumnos, ubicadas en Los Potreros, Campo Gioda y Salto Norte. Distinta parece ser la situación de la escuela Yapeyú, ya que cuenta con 18 asistentes, incluyendo nivel inicial, aunque supo tener más de 30 no hace mucho tiempo. En su mayoría, asisten allí niños provenientes de familias bolivianas que trabajan en quintas del “cinturón verde”.

De todos modos, este aislamiento en el que se supone están sumergidos tales estudiantes, resulta atenuado mediante “encuentros” con otras escuelas, que se realizan durante el año, destacó la inspectora.

Pero qué pasa con aquellos edificios que dejan de recibir alumnos y enfrentan la amenaza del deterioro. Ante esto, Diez explica que suelen destinarse a otros fines como patrullas rurales, consorcios camineros e incluso familias y en todos los casos se realizan periódicas inspecciones para constatar que no haya modificaciones ni un mal uso de las instalaciones. A su vez, todo lo relacionado con el mobiliario, como bancos, computadoras, armarios y demás, es cedido en comodato a otro establecimiento.

En resumen, Diez asegura que los alumnos de escuelas rurales tienen el mismo programa, acompañamiento y por lo tanto, “las mismas oportunidades solo que en otro contexto” e incluso cuentan con jornada extendida, es decir, seis horas de clase, como ocurre con los centros urbanos.