Destruyen y reciclan elementos tecnológicos obsoletos que fueron secuestrados en causas penales

La semana pasada comenzó la destrucción de elementos resguardados en el Depósito General de Efectos Secuestrados en causas penales como así también de aparatos tecnológicos guardados en el Depósito de Estupefacientes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En esta primera etapa, se procesaron dos contenedores con aproximadamente 13 mil kilos de tecnología obsoleta: televisores, computadoras personales, celulares, electrodomésticos.
 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por Acuerdo n.° 1445, Serie “A”, del 15/12/2022, autorizó la destrucción de aquellos elementos que ya no podían ser legalmente devueltos y que fueron secuestrados en 2016 o antes. Tales objetos, por su antigüedad, carecen de significación probatoria para los procesos en curso. Asimismo, dispuso la destrucción de los elementos tecnológicos deteriorados que habían sido secuestrados por el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
 
Las tareas de destrucción y reciclado del material clasificado como “tecnología” están a cargo de la empresa 3R ambiental SA, con sede en la localidad de Juárez Celman, que fue seleccionada por la Administración General del Poder Judicial.
 
En tanto, aquellos elementos clasificados como “metales y chatarra” fueron separados y remitidos a la firma Hierros Arce que, actualmente, está haciendo la compactación de vehículos secuestrados en la localidad de Bouwer, para su correspondiente reciclado.
 
En enero, el Depósito General de Efectos Secuestrados continuará trabajando en la clasificación y el llenado de dos nuevos contenedores. Durante los meses de febrero y marzo del año 2023, se procesará el resto del material que puede ser destruido por incineración: ropa, papel, cartón. Todas las tareas se realizan con la supervisión y colaboración de la Secretaría Penal del TSJ.
 
Quedaron exceptuados del proceso aquellos elementos que deben resguardarse por algún motivo “excepcional” y que fueron solicitados por los tribunales a cargo mediante oficio fundado dirigido vía correo electrónico a la Secretaría Penal, dentro del plazo establecido.