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Corresponden a procedimientos realizados en 2016 o antes. En total, se procesarán 13 mil kilos de televisores, computadoras personales, celulares, electrodomésticos.
Provinciales27/12/2022 Tribuna
La semana pasada comenzó la destrucción de elementos resguardados en el Depósito General de Efectos Secuestrados en causas penales como así también de aparatos tecnológicos guardados en el Depósito de Estupefacientes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En esta primera etapa, se procesaron dos contenedores con aproximadamente 13 mil kilos de tecnología obsoleta: televisores, computadoras personales, celulares, electrodomésticos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por Acuerdo n.° 1445, Serie “A”, del 15/12/2022, autorizó la destrucción de aquellos elementos que ya no podían ser legalmente devueltos y que fueron secuestrados en 2016 o antes. Tales objetos, por su antigüedad, carecen de significación probatoria para los procesos en curso. Asimismo, dispuso la destrucción de los elementos tecnológicos deteriorados que habían sido secuestrados por el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Las tareas de destrucción y reciclado del material clasificado como “tecnología” están a cargo de la empresa 3R ambiental SA, con sede en la localidad de Juárez Celman, que fue seleccionada por la Administración General del Poder Judicial.
En tanto, aquellos elementos clasificados como “metales y chatarra” fueron separados y remitidos a la firma Hierros Arce que, actualmente, está haciendo la compactación de vehículos secuestrados en la localidad de Bouwer, para su correspondiente reciclado.
En enero, el Depósito General de Efectos Secuestrados continuará trabajando en la clasificación y el llenado de dos nuevos contenedores. Durante los meses de febrero y marzo del año 2023, se procesará el resto del material que puede ser destruido por incineración: ropa, papel, cartón. Todas las tareas se realizan con la supervisión y colaboración de la Secretaría Penal del TSJ.
Quedaron exceptuados del proceso aquellos elementos que deben resguardarse por algún motivo “excepcional” y que fueron solicitados por los tribunales a cargo mediante oficio fundado dirigido vía correo electrónico a la Secretaría Penal, dentro del plazo establecido.
Una de las reuniones se realizó en San Carlos Minas, la otra, en Villa Giardino. Allí, las mujeres participantes se capacitaron en comunicación.
Se trata del Fondo Federal Cordobés que fue presentado en abril de 2025.
El ministro de Gobierno repudió la publicación de un video generado con inteligencia artificial por el diputado nacional, en el que se simula un discurso del gobernador Martín Llaryora. Advirtió que el hecho tiene una “enorme gravedad institucional” y exigió disculpas públicas y la eliminación del contenido.
La Unicameral cordobesa aprobó una declaración de repudio por la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, debido a su impacto regresivo sobre este sector de la sociedad.
La vicegobernadora destacó el valor que tiene la obra para el desarrollo de la región.
Este miércoles, el pleno aprobó un proyecto de ley del Ejecutivo cordobés que establece el acuerdo a través del cual el Gobierno nacional se compromete a devolver parte del pasivo al Estado provincial. Además, hubo aval legislativo para la designación de tres abogados defensores para la Asesoría Letrada Penal en la ciudad de Córdoba.
La vicegobernadora Myrian Prunotto presidió la apertura de la reunión anual de la Federación de Fundaciones Argentinas que se realizó por primera vez en Córdoba. Participaron entidades de distintas provincias argentinas.
La vicegobernadora de Córdoba destacó la importancia de la iniciativa, que demanda una inversión de 10 millones de dólares.
La entidad fue fundada en 1936 y a lo largo de los años se consolidó como referente institucional.
Nota de Opinión.
Proyecto del oficialismo. Lo trata el Concejo Deliberante. Además de mano única, se plantearán giros permanentes a la derecha en algunas calles.
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
