Alejandra Vigo*

La sanción de la Ley 27.696 que incorpora la atención de personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar al programa médico obligatorio (PMO) de obras sociales y prepagas expresa la firme convicción de erradicar la violencia machista en nuestro país, y evidencia un compromiso legislativo unánime para que sea política de Estado definitivamente. Esto se vio reflejado primero, en la media sanción votada en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2020 cuando recibió 210 votos afirmativos, de los 212 presentes en el recinto, y el 27 de octubre de este año, cuando se convirtió en ley en una sesión histórica, en la que fue aprobada por unanimidad.

Son muchos los factores que cada día recuerdan la necesidad de ese compromiso; fundamentalmente, el alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios que nos obliga a multiplicar esfuerzos.

Miles de víctimas mujeres son atendidas en las guardias por politraumatismos; en consultorios por consultas psicológicas y distintas patologías derivadas; pero, en la mayoría de los casos, se determinan diagnósticos disfrazados que ocultan la verdadera situación, diagnósticos que no revelan los efectos reales que genera el sometimiento, por mucho tiempo, a los diferentes tipos de violencia.

Esta ley que ya fue promulgada y que está en proceso de ser reglamentada, tiene gran significancia respecto a las políticas públicas en materia de salud porque reconocer específicamente la problemática, resulta una herramienta clave para la erradicación de estas situaciones a futuro, para minimizar daños a corto plazo y para una eficiente atención de las víctimas, a través de un abordaje integral. Por otro lado, reconocerla, nos permite explicitarla y priorizar su abordaje como política de estado.  

La OMS en sus tantas determinaciones, recomienda a los estados a establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar la violencia contra la mujer. De acuerdo con este organismo, la eliminación de la violencia contra la mujer exige que distintas instancias, en primer lugar los servicios de salud como el espacio que debe tomar medidas concertadas y coordinadas.

Abordar la violencia desde el ámbito de la salud implica: la detección del problema y el abordaje después, a través de un programa de prestaciones asociadas, regido por un protocolo de atención específico, que incluye practicas preventivas y terapéuticas, terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y cualquier otra atención necesaria.

Las mujeres siguen siendo las víctimas casi exclusivas de la violencia machista, por eso esta ley implica una gran oportunidad para rescatar a tantas de ellas que, durante años o durante toda su vida, sufrieron violencia en su propio hogar, ese hogar que construyen día a día con tanto amor, pero con mucho esfuerzo.
Una oportunidad para que, como sociedad, logremos garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida sin violencia.

Los servicios sanitarios pueden desempeñar un papel crucial para ayudar a las víctimas mujeres que sufren violencia, en el momento más importante. Ya que generalmente las mujeres, ante la situación de malos tratos, acuden frecuentemente y en primera instancia, a los servicios de atención primaria más cercanos, de urgencias y a los servicios de ginecología. Muchas veces, la atención del médico es el contacto inicial que puede encender la alarma.

Según información de la Superintendencia de Servicios de Salud, existen hoy en Argentina 292 obras sociales nacionales que brindan atención a más de 25 millones de personas. Las obras sociales nacionales absorben más del 50% de los afiliados del país y concentran el 48% de los recursos destinados para la salud; en este grupo se encuentran los trabajadores del sector privado formal, del sector público nacional, monotributistas y su grupo familiar. Existen 24 institutos provinciales de obra social, que proveen servicios a unas 7 millones de personas.

Son 6.3 millones las personas con cobertura de medicina privada, poco más del 7% de la población. Es decir que más de 35 millones de personas en Argentina cuentan con una cobertura de salud. Integrar todas estas personas implica garantizar el acceso universal a la asistencia a víctimas de violencia de género e intrafamiliar, de forma democrática y equitativa.

Un programa de prestaciones asociadas sin costos adicionales.
Algunos, que se niegan a decir las cosas por su nombre, argumentaban que este proyecto podía incrementar los costos en el sistema de salud, a ellos les digo que es todo lo contrario. No requiere gastos adicionales en prestaciones, solamente hay que agrupar las especificas bajo un protocolo de actuación para violencia intrafamiliar y de género. La primera experiencia es “Apross por Vos” implementado en la obra social del sistema provincial de Córdoba y en OSSACRA, la obra social del Sindicato de Amas de Casa en cuyo programa prestacional incluye también una asistente digital que acompaña a la víctima las 24 horas.
A partir de estos programas, Córdoba ya cuenta con numerosos profesionales especializados, formados para el abordaje específico. Con esta ley, nos situamos a la altura de los nuevos paradigmas, que nos exigen una atención de la salud con perspectiva de género.

Las mujeres siguen siendo las víctimas casi exclusivas de la violencia machista, por eso esta ley implica una gran oportunidad para rescatar a tantas de ellas que, durante años o durante toda su vida, sufrieron violencia en su propio hogar, ese hogar que construyen día a día con tanto amor, pero con mucho esfuerzo.
Una oportunidad para que, como sociedad, logremos garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida sin violencia.

*Senadora Nacional