La necesidad de actuar ante la superpoblación de perros callejeros en la ciudad es algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, pero las formas, son las que generan disidencias.

Desde los cuatro grupos proteccionistas que tiene la ciudad, emitieron un comunicado de rechazo al proyecto de ordenanza que se está gestando, aunque aún no haya recibido tratamiento oficial por parte de los concejales.

Así lo hicieron saber a través de las redes sociales, referentes de la Asociación Protectora de Animales San Roque, Rescate Canino, Hurra Dame Otra Vida y Ángeles de Cuatro Patas.

Según aducen, estuvieron trabajando durante cuatro meses en el proyecto pero al recibir el borrador, se encontraron con que no habían sido contempladas las reformas propuestas por ellos.

Básicamente, los proteccionistas solicitan un rol más presente en el control de los animales que el Municipio, amparado en la normativa, secuestre de la vía pública. “No pedimos que estén todas las organizaciones pero al menos un veedor y en algunos puntos del programa”, aclararon.

Si bien el proyecto de ordenanza establece la posibilidad de que los proteccionistas sean convocados a participar del proceso, no lo deja establecido como norma.

Según señala el proyecto, esa suerte correrán los canes sin identificación y sus dueños tendrán 15 días para reclamarlos, lo cual “pone en duda su destino”, afirman.

Por otro lado, sostienen que “casi todos los perros callejeros tienen dueño”, dado que su mayor presencia se da en los barrios periféricos donde gran parte de los patios son abiertos y cuando hay algún problema con ellos, “nadie se hace cargo”.

En el caso de los perros mordedores, la normativa propone el mismo lapso para adiestrarlos o someterlos a un proceso de socialización, con la posibilidad posterior de la eutanasia. Los proteccionistas no solo rechazan esta última acción, sino que también creen conveniente ampliar el mencionado plazo a 90 días, antes de tomar la drástica decisión.

“Estamos de acuerdo con que no tiene que haber animales en la calle, se apliquen multas, pero vemos que esta ordenanza es un retroceso y la Municipalidad no se hace responsable de los animales, tal como lo aclara en uno de los artículos”, expresó Alicia Carlisi. 

“No queremos cargos ni sueldo, como dicen por ahí, solo ser veedores del proceso”, agregó Laura Tissera. A su vez, marcó como antecedente poco favorable del Municipio, -aunque se trató de la anterior gestión-, la creación de una granja con fines educativos en 2015 a donde fueron alojados algunos perros con la idea de ser entregados en adopción, pero finalmente murieron por falta de atención.

Los cuestionamientos también incluyen la castración que sería prioritaria para perros sin dueño, cuando creen que debería ser generalizada, dado que cada intervención de este tipo puede costar hasta 15 mil pesos.

Se contempla la posibilidad de eutanasia para perros mordedores que no hayan superado un proceso de adiestramiento y reinserción, posterior a su captura.

Según afirman, actualmente se están realizando unas 70 castraciones por mes pero en una ciudad de este tamaño, serían necesarias cerca de 400, precisan, en base a un estudio nacional de políticas públicas.

A su vez, reclamaron por la falta de un plan que contemple a los perros enfermos, golpeados o accidentados. “Nos tendremos que seguir haciendo cargo, sin ningún tipo de ayuda económica del Estado”, manifestó Tisera.

Finalmente, recordaron la existencia de una ley nacional de maltrato animal que los adhiere a los derechos universales, pero esta ordenanza los contradice en algunos artículos.

“Lamentamos que se haya cortado el diálogo, no de nuestra parte sino del intendente Marcos Ferrer que no nos quiere atender como tampoco nos recibieron en el área de Zoonosis. No quisieron trabajar en equipo”, expresaron.

Al mismo tiempo, afirmaron que darán un paso al costado con respecto a la normativa que se está gestando pero no por ello dejarán de exponer públicamente a la ciudadanía sus falencias.