Polémico fallo que favoreció a un empleado de la Cooperativa despedido por “justa causa”

Cuando se analiza la rigidez de la legislación laboral en el país, que posibilita la industria del juicio, la inseguridad jurídica y espanta la inversión privada, surgen claros ejemplos que ratifican esa realidad. Uno de ellos acaba de ocurrir contra la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, en un juicio iniciado por un empleado despedido con justa causa, es decir sin derecho a indemnización por las graves faltas que cometió, según se informa en la Memoria del último ejercicio administrativo de la Cooperativa. 
   

El empleado fue desafectado  por concurrir a trabajar alcoholizado y chocar con su vehículo el portón de ingreso del edificio operativo de la Cooperativa, ubicado en barrio Intendente Magnasco, provocando daños. Según la entidad, fue la última falta laboral de varias registradas en su legajo. 
   

Fue dado de baja del plantel en forma inmediata, pero recurrió a la Justicia al considerarse mal despedido. El 19 de julio de 2018 la Cámara en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Río Tercero, rechazó la demanda laboral del exempleado y ratificó la decisión de la Cooperativa, haciendo lugar solo a una diferencia en la liquidación final que fue saldada.  
   

Sin embargo, meses después y ante la presentación de un recurso de casación por parte del demandante ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el alto tribunal dejó sin efecto el fallo de Cámara, obligando a la Cooperativa al pago de las diferencias.
   

La Sala Laboral del Tribunal Superior “consideró que la sanción fue excesiva”. Desde el Departamento Legal de la Cooperativa, dirigido por el abogado Luis Sobrero, cuestionaron ese fallo. “A nuestro juicio la medida adoptada (el despido con justa causa), fue la correcta y se corresponde con el mal obrar del exempleado y con la afirmación y valor de la autoridad del personal jerárquico de la institución que solicitó la medida”, destacaron. 
   

Los abogados de la Cooperativa indicaron que hubo cambios en la composición de la Sala Laboral del TSJ y sus criterios, que dijeron no compartir.
   

Cabe recordar, como se señala al principio de la nota y lo destaca el informe reflejado en la Memoria del último ejercicio, que el despido con justa causa fue decidido “por haberse presentado a trabajar en no adecuadas condiciones físicas (con halitosis alcohólica constatada e informada por la autoridad municipal -mediante el test de alcoholemia-), y exceso de velocidad con pérdida de control sobre su automotor, en compañía de una tercera persona femenina”. 
   

Añade el informe, que el exempleado “embistió violentamente todo el ingreso y egreso del sector operativo, donde se encuentran las unidades para salir a prestar servicio”.
   

La maniobra, provocó la destrucción del “portón metálico” y la destrucción de la “columna y pared del muro de dicho sector”.
   

Se destaca además en el informe legal, que “el actor debía salir en servicio conduciendo uno de los camiones desobstructor que opera en el sector de cloacas, y cuyo valor está situado en la suma de 3,5 millones de pesos”.
   

“Además -añade el informe- poseía antecedentes de múltiples llegadas tarde y dos sanciones anteriores que habían sido consentidas; el despido estaba debidamente fundado”.
   

Sin embargo, pese a la ejemplar sentencia de Cámara, la sanción fue revertida por instancias superiores, con consecuencias económicas para la Cooperativa y por ende para todos los socios de la entidad. 
   

No es el primer caso: miles de este tipo se registran por año en el país como consecuencia de rígidas, anacrónicas e inviables leyes laborales y jueces con criterios disociados de la realidad.
   

El panorama laboral del país, que requiere un cambio urgente, es la principal causa que espanta la iniciativa privada y termina en la quiebra de las empresas, sobre todo pymes.