A partir de la medianoche de este lunes, comenzará a funcionar el nuevo organismo encargado de controlar la conducta de los policías cordobeses. Un ente que funcionará a partir de ahora bajo la tutela judicial.

A fines de 2020, y en medio de duras críticas opositoras, la Unicameral aprobó por mayoría los cambios en las leyes de Seguridad Pública y en la conformación del Tribunal de Conducta Policial.

Se trató de una respuesta política ante la seguidilla de casos de gatillo fácil que povocaron intensas movilizaciones urbanas, sobre todo tras el asesinato de Valentino Blas Correas (17).

De esta manera, por un lado se resolvió unificar y elevar a tres años la formación para los aspirantes a policías, con una currícula ampliada de cuya confección participó el Ministerio de Educación de la Provincia. 

Y, al mismo tiempo, se dispuso una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano hasta entonces dependía del Ejecutivo. A partir de esta nueva ley, se dispuso que iba a contar con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); de la Legislatura, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Se trata del "Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia". Abarca a la Policía de Córdoba, al Servicio Penitenciario y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El nuevo presidente del Tribunal será el abogado Maximiliano García, un letrado litigante que llega del campo privado a través de una propuesta que hizo el Fiscal General Juan Manuel Delgado.

García estará acompañado en el Tribunal por un exfiscal General de la Provincia y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano.

El tercer integrante será el abogado Fernando Martínez Paz, quien llega de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que conduce Julián López.

El área clave de la Dirección General de Control e Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de la abogada litigante Ivana Celeste Rossi.

Ella tendrá a su cargo liderar las investigaciones administrativas sobre las cuales luego el tribunal impondrá o no las sanciones correspondientes.

Como director de esa misma área asumirá el abogado Marcelo Alejandro Bayardi Martínez, actual prosecretario.

Como coordinador general del área de Investigaciones fue designado Iván Vocos, quien hasta ahora es secretario de una fiscalía.

Entre otros puntos, a partir de la nueva ley se dispuso que con la nueva conformación del Tribunal de Conducta Policial el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad (Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario), más allá de que esté resuelta o no la causa penal.