
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
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Funcionará bajo la tutela judicial.
Policiales27/12/2021 TribunaA partir de la medianoche de este lunes, comenzará a funcionar el nuevo organismo encargado de controlar la conducta de los policías cordobeses. Un ente que funcionará a partir de ahora bajo la tutela judicial.
A fines de 2020, y en medio de duras críticas opositoras, la Unicameral aprobó por mayoría los cambios en las leyes de Seguridad Pública y en la conformación del Tribunal de Conducta Policial.
Se trató de una respuesta política ante la seguidilla de casos de gatillo fácil que povocaron intensas movilizaciones urbanas, sobre todo tras el asesinato de Valentino Blas Correas (17).
De esta manera, por un lado se resolvió unificar y elevar a tres años la formación para los aspirantes a policías, con una currícula ampliada de cuya confección participó el Ministerio de Educación de la Provincia.
Y, al mismo tiempo, se dispuso una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano hasta entonces dependía del Ejecutivo. A partir de esta nueva ley, se dispuso que iba a contar con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); de la Legislatura, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se trata del "Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia". Abarca a la Policía de Córdoba, al Servicio Penitenciario y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El nuevo presidente del Tribunal será el abogado Maximiliano García, un letrado litigante que llega del campo privado a través de una propuesta que hizo el Fiscal General Juan Manuel Delgado.
García estará acompañado en el Tribunal por un exfiscal General de la Provincia y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano.
El tercer integrante será el abogado Fernando Martínez Paz, quien llega de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que conduce Julián López.
El área clave de la Dirección General de Control e Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de la abogada litigante Ivana Celeste Rossi.
Ella tendrá a su cargo liderar las investigaciones administrativas sobre las cuales luego el tribunal impondrá o no las sanciones correspondientes.
Como director de esa misma área asumirá el abogado Marcelo Alejandro Bayardi Martínez, actual prosecretario.
Como coordinador general del área de Investigaciones fue designado Iván Vocos, quien hasta ahora es secretario de una fiscalía.
Entre otros puntos, a partir de la nueva ley se dispuso que con la nueva conformación del Tribunal de Conducta Policial el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad (Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario), más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
Reincidieron en el mismo delito por el que habían sido condenadas años atrás. Seguían vendiendo drogas con prisión domiciliaria.
El sujeto, que convivía con la supuesta víctima de 14 años al momento de la denuncia, había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal, que las pericias no pudieron determinar.
Tres hombres de 33, 25 y 19 años fueron detenidos en la mañana del domingo luego de chocar contra un árbol el auto en el que se conducían.
La moto en que viajaba desde Embalse a Río Tercero colisionó contra una camioneta en la ruta 5.
Uno de los condenados se desempeñaba como jefe de la Comisaría de Santa Rosa de Calamuchita al momento de los robos. Recibieron penas de prisión efectivas.
La Fiscal de Instrucción de Río Tercero, Paula Bruera, ordenó la imputación, captura y detención de un sujeto de 36 años de edad por resultar supuesto autor del delito de Abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistente y corrupción de menores agravada por la guarda.
La víctima recibió una puñalada en el estómago. Sucedió en la zona rural de Almafuerte.
Tras la iniciativa presentada por La Libertad Avanza en el Congreso nacional, la Unicameral respaldó el ejercicio profesional y solicitó a los diputados que la rechacen.
Gómez expresó su alegría por la nueva función, para trabajar de acuerdo al compromiso enunciado por el gobernador Martín Llaryora a fin de priorizar la salud pública de la población.
El juicio fue abreviado y estuvo presidido por la jueza Guarania Barbero.
La damnificada adujo que no le permitieron ingresar al boliche local por su aspecto físico. El tribunal reconoció el reclamo de multa por daño punitivo.
El ministro de Gobierno participó del Foro Latinoamericano de Alcaldes del Pacto Global por el Clima y la Energía y destacó la política ambiental de la Provincia, basada en inversión pública, liderazgo territorial y apoyo directo a los municipios.