
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
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Julieta Dolman Coppari murió junto a su pareja el 18 de abril pasado en la ruta 2. Las familias los jóvenes que murieron en un accidente en la ruta 2, el 18 de abril, piden por la aparición de más testigos del hecho. Buscan que la Justicia determine cómo ocurrió el siniestro y niegan una primera versión de lo ocurrido.
Policiales15/05/2021 TribunaEn medio de la conmoción y el dolor que significan haber perdido a un hijo, la madre de Julieta Micaela Dolman Coppari (28), la joven estudiante de medicina que perdió la vida en un accidente de tránsito, reclamó públicamente la aparición de más testigos de ese siniestro.
El pasado domingo 18 de abril Dolman junto a su pareja, el médico Gerardo Gómez (33), protagonizaron un accidente en la ruta provincial 2, a pocos kilómetros de Villa Ascasubi. La motocicleta en la que viajaban, una Kawasaki Versys, chocó frontalmente con una camioneta marca Chevrolet Traker, en la que iban cuatro personas de Almafuerte. Ambos jóvenes, quienes vivían en Villa María, murieron de manera instantánea mientras que los ocupantes del vehículo mayor resultaron ilesos.
Tras el accidente familiares de las víctimas pidieron públicamente por la aparición de testigos y el 28 de abril, 10 días después, en una radio de Río Tercero un camionero de esta ciudad contó que había visto el momento del siniestro. Dio su versión ante el fiscal Alejandro Carballo, que investiga el hecho. Ahora, la familia de la joven reclama la aparición de otros testigos.
“El camionero que ya prestó testimonio dijo que el día del accidente estuvo una hora parado en el lugar y que cuando llegó la policía les dijo que se fueran a él y varias personas más, sin tomarles los datos. Con esto ya tenemos una negligencia policial absoluta”, sostuvo Claudia Coppari, madre de la joven fallecida.
La mujer reclama por la aparición de otro camionero que se sabe -asegura- circulaba detrás de la moto en la que viajaba la pareja, y también se detuvo en el lugar del accidente y tomó una fotografía que luego fue publicada por un diario villamariense.
“Como padres queremos que las cosas queden claras porque intentaron ensuciar a nuestros hijos”, señaló la mujer. Y sostuvo que no son únicamente los familiares quienes quieren que se aclaren las circunstancias en las que se produjo el accidente. “También la firma Kawasaki quiere que se aclare lo ocurrido”, destacó Coppari. La mujer hizo referencia de esta forma a una primera versión que indicó que el accidente se había producido debido a que la motocicleta tomó fuego y eso habría provocado luego el choque con la camioneta y el posterior incendio del vehículo mayor. “No sé de dónde sacaron semejante barbaridad, no creo que los medios hayan inventado eso, alguien de mala fe así lo informó”, sentenció.
Agregó que aquella primera versión de los hechos, que luego quedó descartada con el testimonio brindado por el camionero “es maliciosa y está faltando a la verdad”.
El camionero riotercerense indicó que fue la camioneta la que intentó sobrepasarlo cuando la motocicleta, que no estaba en llamas y circulaba por su mano, iba a la altura del acoplado de su camión.
Coppari apuntó que tanto su familia como la de Gómez y la firma Kawasaki, insisten en que más testigos aporten ante la Justicia lo que vieron. “Siempre que haya otro que testifique lo mismo refuerza la prueba”, indicó.
La mujer manifestó que sospechan que el camionero al que hizo referencia pueda haber sido de otro país y por lo tanto no se haya enterado de que la Justicia busca más testigos.
Demoras
La madre de la joven que fue víctima del accidente también reclamó por las demoras de la policía en informales sobre lo ocurrido. “Se dijo que no habían podido saber de quienes se trataba hasta la madrugada -el accidente ocurrió cerca de las 20- pero cualquiera sabe que a partir de la chapa patente de la moto hubiesen podido ubicar rápidamente quiénes eran”, afirmó e indicó que recién 14 horas después de lo sucedido tomó conocimiento de la muerte de su hija.
La mujer consideró que tanto su familia como la de su yerno fueron “revictimizadas” y sufrieron un “destrato” por parte de la policía. “Tenemos la certeza de que lo que intentaron hacer es dilatar el tiempo, con qué objeto, no sé, tenemos dudas de todo tipo”, apuntó.
Por el accidente en el que murieron Julieta y su pareja está imputado el conductor de la camioneta, un empresario de Almafuerte, por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, un delito que prevé una pena máxima de cinco años de prisión. “No queremos que esta persona siga conduciendo”, señaló Coppari.
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
Reincidieron en el mismo delito por el que habían sido condenadas años atrás. Seguían vendiendo drogas con prisión domiciliaria.
El sujeto, que convivía con la supuesta víctima de 14 años al momento de la denuncia, había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal, que las pericias no pudieron determinar.
Tres hombres de 33, 25 y 19 años fueron detenidos en la mañana del domingo luego de chocar contra un árbol el auto en el que se conducían.
La moto en que viajaba desde Embalse a Río Tercero colisionó contra una camioneta en la ruta 5.
Uno de los condenados se desempeñaba como jefe de la Comisaría de Santa Rosa de Calamuchita al momento de los robos. Recibieron penas de prisión efectivas.
La Fiscal de Instrucción de Río Tercero, Paula Bruera, ordenó la imputación, captura y detención de un sujeto de 36 años de edad por resultar supuesto autor del delito de Abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistente y corrupción de menores agravada por la guarda.
La víctima recibió una puñalada en el estómago. Sucedió en la zona rural de Almafuerte.
La maniobra consistía en estafas reiteradas y usurpación de terrenos, para luego vender derechos posesorios apelando a documentación apócrifa.
Gómez expresó su alegría por la nueva función, para trabajar de acuerdo al compromiso enunciado por el gobernador Martín Llaryora a fin de priorizar la salud pública de la población.
El juicio fue abreviado y estuvo presidido por la jueza Guarania Barbero.
La damnificada adujo que no le permitieron ingresar al boliche local por su aspecto físico. El tribunal reconoció el reclamo de multa por daño punitivo.