Fuera de la realidad. Así podría interpretarse el inoportuno reclamo salarial de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE), sobre la gestión y actividad productiva de la Fábrica Militar de Río Tercero, a cargo del empresario José María “Pecho” López. 

El gremio, con una clara impronta política, asume que una empresa pública debe acceder a condiciones muy alejadas para su presente actual, de recuperación y despegue, y muy distantes de la realidad que vive el sector privado, castigado por la crisis. 

Los trabajadores adheridos a ese sindicato, cumplen tareas a reglamento, sin tener en cuenta que ya vienen con un largo historial de baja productividad. 

¿Qué reclaman? Recomposición salarial de emergencia. Reincorporación de despedidos. Recategorizaciones. Convenio Colectivo de Trabajo. Y plan productivo.

Según fuentes jerárquicas de la empresa, el reclamo lo hacen con un salario inicial vigente de unos 50 mil pesos de básico, y máximos que pueden llegar a los 100 mil pesos mensuales en el caso de quienes hacen turnos y tomando en cuenta la antigüedad. 

Además, protestan justo cuando la Dirección de la empresa encara un plan de incorporaciones de mano de obra calificada. 

ATE lleva adelante el “plan de lucha” manteniendo unos 32 cargos sindicales en la planta local entre puestos de la delegación Río Tercero, cargos provinciales y delegados internos, de un plantel de 365 operarios. Un despropósito que solo se ve en el sector público, que a su vez es sostenido con el aporte de los impuestos.

“El delegado gremial no va a trabajar porque está dispensado, y aparece en las fotos arreglando paritarias en la Municipalidad de San Agustín”, expresó una fuentes de la empresa estatal a TRIBUNA. 

Desde la firma dejan trascender el carácter político de la medida, y deslizan que muy difícilmente se pueda cumplir con esos reclamos. “Siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones”, expusieron. En efecto, se confunde el rol de defensa de los derechos de los trabajadores, con las determinaciones empresarias acordes a un objetivo productivo y de reactivación, como el impulsado por López a partir de la premisa del presidente de la Nación: “Las fábricas militares deben ser autosustentables”. 

Ante todo y teniendo en cuenta que el nivel salarial es aceptable para ese grado de productividad y en función de la realidad del sector privado no privilegiado, la Fábrica Militar seguirá apostando por la producción y la inversión. Es al menos la impronta empresaria de López la que asegura esa premisa. 

El pasado 22 de marzo fueron reincorporados tres operarios que habían quedado cesantes por finalización de contratos en la gestión anterior y un ingeniero que fue convocado por antecedentes. Una medida que la planta decide -aseguran- con respaldo productivo. Ya nadie ingresa porque sí como ocurrió con el descontrol de personal en 2015, con incorporaciones masivas en medio de una campaña electoral. 

El lunes próximo, en tanto ingresa además un ingeniero mecánico con sobrada experiencia. “Buscamos e incorporamos mano de obra calificada y que cumpla con los requisitos productivos y laborales”, indicaron desde la FM.

Es más. Durante los picos de pandemia, los trabajadores en edad de riesgo estuvieron de licencia: la Fábrica cumplió con todos los protocolos en ese sentido. 

Si los reclamos se comparan con los índices de productividad, tampoco serían viables, por el “bajísimo” indicador en ese rubro. Un abismo con el castigado sector privado. 

“Estas fábricas tienen que producir y trabajar”, en un contexto favorable para el sector público, con salarios pagados en tiempo y forma, y varias prerrogativas laborales incorporadas por la pandemia. Pero el lunes volverán las asambleas.