Los jueces y la Constitución

Locales 27 de junio de 2020 Por Tribuna
“Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. (Charles Evans Hughes, Chief Justice de la Suprema Corte de Estados Unidos)
LOCALES Pintura
Sir Edward Coke (retrato atribuido a Thomas Athow, después autor desconocido y luego a Corneluis Johnson)

CarlosRios_Portada (2)

Carlos Ríos*


Durante buena parte de la Edad Media los ingleses se la pasaron disputando con sus reyes: era un tira y afloja entre el poder real y las libertades que los súbditos no estaban dispuestos a entregar sin sangre. Lucha tras lucha, iban arrancándoles a los monarcas concesiones y compromisos que se materializaban en cartas, declaraciones y peticiones de derechos que forman parte, todavía hoy, de la Constitución inglesa. 

Edward Coke fue un jurista de gran prestigio que vivió en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Nombrado por la reina Isabel I como fiscal, desempeñó el cargo con implacable celo. Desde esta función defendió fervorosamente las prerrogativas de la corona y no escatimó crueldad en la persecución de los disidentes. Tal fue su empleo hasta que el rey Jacobo I cometió el error de nombrarlo juez.

Entonces Coke asumió que, en su nuevo trabajo y a contramano de su anterior ocupación, debía hacer lo que hacen los buenos jueces: aplicar la ley con imparcialidad. Y tal cosa, seguramente, no le agradaría al rey.

Coke pensaba que las ordenanzas reales e, incluso, las normas sancionadas por el parlamento, no podían contradecir las ancestrales costumbres inglesas (common law) que constituían el derecho por el cual se regía la comunidad y era la fuente de sus libertades. En uno de sus fallos más famosos escribió: “Y aparece en nuestros Libros, que en muchos casos el Derecho común controla las leyes del Parlamento, y a veces debe declararlas nulas, pues cuando una ley del Parlamento es contraria al Derecho común y la razón, contradictoria o imposible de ser cumplida, el Derecho común debe tener autoridad sobre ella y declarar que tal ley es nula”. La consecuencia de esta doctrina era, en la práctica, un desafío a la autoridad del rey porque si éste trataba de imponer una decisión contraria a los principios del common law, los jueces lo impedirían aplicando una norma superior a esa autoridad. El rey quedaba, de este modo, sometido a la ley. 

Uno puede imaginarse cómo le habrá caído a Jacobo esta bravuconada de un juez puesto por él y que, a mayor osadía y desagradecimiento, repitió en varias ocasiones hasta ser finalmente despedido. Más adelante, Coke siguió actuando en la vida pública británica desde el parlamento y se convirtió en un sólido obstáculo a las pretensiones absolutistas, contribuyendo a limar el poder de los Estuardo.

Así fue que la cabeza del sucesor de Jacobo, Carlos I, rodó en el cadalso de White Hall cortada por el hacha del verdugo. Y cuarenta años más tarde, en 1688, la Gloriosa Revolución puso punto final a la dinastía. La declaración de derechos en 1689 (Bill of Rights), estableció un sistema de gobierno constitucional de poderes moderados del cual quedó admirado Montesquieu y que le sirvió de modelo para la exposición de su teoría sobre la división de poderes en el libro XI de su obra más influyente: El espíritu de las leyes. 

Cuando los norteamericanos declararon su independencia, estuvieron unos diez años sin dar pie con bola. En un primer momento, los estados integrantes de la unión formaron una confederación que fue un fracaso. Finalmente, decidieron darse una Constitución y organizar un gobierno vigoroso con un poder ejecutivo tan fuerte como el de un rey, pero sometido a controles que lo limitaran. Es que ese pueblo joven no estaba dispuesto a cambiar un tirano por otro. No se emancipaba de un gobierno ajeno para someterse incondicionalmente a uno propio.

La Constitución no es una ley común porque es el pacto fundamental al que deben someterse tanto gobernantes como gobernados. De tal suerte, cualquier ley, para ser válida, tiene que haber sido dictada por los procedimientos establecidos en aquélla y de conformidad con los derechos y garantías que consagra. 

Miraron entonces la experiencia que habían heredado de la madre patria y le dieron una teoría con el libro de Montesquieu. Éste advertía que el poder político sólo puede ser contenido por otro poder por lo que, siguiendo sus enseñanzas, organizaron el gobierno en departamentos que cumplieran funciones distintas y que, a su vez, se controlaran entre sí a través de competencias exclusivas, generando con pesos y contrapesos. El diseño del gobierno con tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- es un invento norteamericano, una forma totalmente nueva de organización política fundada en la creencia de que los controles recíprocos tienden a impedir la tiranía. Argentina adoptó este sistema en 1853 cuando se dio una Constitución liberal después de haber padecido más de veinte años de dictadura.  

La Constitución no es una ley común porque es el pacto fundamental al que deben someterse tanto gobernantes como gobernados. De tal suerte, cualquier ley, para ser válida, tiene que haber sido dictada por los procedimientos establecidos en aquélla y de conformidad con los derechos y garantías que consagra. De lo contrario, los jueces - como observaba Coke- no deben aplicarla.

El problema de la supremacía constitucional se presentó, por primera vez, en el célebre caso Marbury vs Madison, resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1803. Con una lógica impecable, el juez John Marshall razonó que el control de constitucionalidad corresponde a los jueces, porque éstos deben aplicar la ley y la Constitución es ley superior a cualquier otra norma sancionada por el gobierno. En la República Argentina el control de constitucionalidad deriva del art. 31 CN. y no se ha cuestionado la legitimidad del Poder Judicial para ejercerlo de manera difusa. Significa que cualquier juez, de cualquier provincia e instancia, puede revisar si una ley o un decreto que se quieren hacer valer en un caso concreto, son compatibles con los derechos y garantías de la Constitución Nacional. 

Alberto Fernández, sin embargo, no lo entiende de ese modo. Le reprochó al juez del caso Vicentín haber repelido la intervención de la empresa ordenada por el Poder Ejecutivo, adjudicándole cierta ignorancia al magistrado por no haber acatado la autoridad presidencial. Dejando andar su vocación docente, le explicó que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) “son leyes, tienen el peso de las leyes".

Para evitar decir estos disparates, el presidente debería seguir el consejo que le dio a una periodista días atrás: leer nuevamente la Constitución, aunque no le agraden las reglas de juego que impone. Al fin y al cabo, también el rey Jacobo se enfurecía cuando el insolente Edawrd Coke le recordaba que sus poderes eran limitados y había leyes que estaban por encima de su regia potestad.

*Abogado

Boletín de noticias