El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) publicó un informe sobre la actividad judicial en causas por abortos punibles tramitadas entre enero de 2010 y diciembre de 2019. Según la investigación, durante los últimos diez años, se sustanciaron 53 causas en las cuales se investigan y juzgan supuestos hechos de aborto. En 24 causas se presume la existencia de consentimiento; en 20 procesos no habría existido anuencia de la mujer gestante y nueve casos no hay datos sobre este aspecto.

El informe revela que los abortos con consentimiento de la mujer gestante fueron mayoritariamente (70% de los casos) realizados por medio de medicamentos con efectos abortivos o a través de intervenciones quirúrgicas en la que participaron sujetos con formación en el campo de la medicina.

El lugar donde ocurrieron se repartió equitativamente entre la propia vivienda de la embaraza, otra viviendo o un establecimiento sanitario privado. Las personas imputadas en estos hechos son mayoritariamente de sexo femenino y abarca además de las personas embarazas, a los familiares o terceros que ayudaron a la concreción del fin buscado.

En cambio, los abortos ejercidos atentando contra la voluntad de la mujer fueron principalmente ejecutados en su propia vivienda (70%), mediante empleo de la fuerza física (75%), por su pareja o ex-pareja. “En este sentido, puede entenderse como una representación más de la violencia física por cuestiones de género, que, en este caso particular, se dirige hacia el feto que la víctima está gestando. La correlación con las condiciones contextuales que rodean los casos de femicidio abona también esta hipótesis”, expresa el informe.

Como elemento en común entre ambos escenarios, se advierten semejanzas en la distribución etaria de los imputados: tanto las mujeres embarazadas que deciden consentir la práctica abortiva, como las parejas o ex-parejas que fuerzan el aborto, tienden a ubicarse por debajo de los 29 años.