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Concejales piden mayor control en la certificación ambiental de las industrias

Desde el bloque de Hacemos por Córdoba, sugieren que las empresas certificadoras sean aliadas del Municipio en el cuidado medioambiental. También piden sanciones para aquellas empresas que no cuenten con normas ISO.

Locales15/02/2020 Tribuna
LOCALES - Industrias
Romina Carezzano y Nicolás Capellini, concejales de Hacemos por Córdoba

Como respuesta al incidente ambiental provocado días atrás por Petroquímica Río Tercero, surgió un nuevo proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante.

Su origen es el bloque de Hacemos por Córdoba, que integran Romina Carezzano y Nicolás Capellini.
Los ediles justicialistas se ampararon en "la necesidad de contar en nuestra ciudad con mecanismos eficientes que permitan el control de la seguridad industrial y el respeto por las normas ambientales existentes", tal se expresa en el proyecto.
En ese marco, proponen que el Ejecutivo municipal celebre convenios de colaboración con empresas certificadoras de normas ISO en Argentina.

Esto implicaría establecer canales de comunicación permanentes que permitan el control conjunto del cumplimiento por parte de las industrias de la ciudad, de las normas ambientales vigentes. 

En ese sentido, los concejales sostienen que las empresas certificadoras deben ser "el mayor aliado que el Municipio pueda tener".

El proyecto detalla extensamente la importancia de las normas ISO 14000 y 9000, las cuales, garantizan la calidad de productos mediante controles exhaustivos.

Dichas normas no son leyes sino recomendaciones para las empresas. Sin embargo, su implementación y certificación marca una diferenciación en el mercado. Incluso, algunos países las han declarado como requisito indispensable para operar.

En resumen, la ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental enfocada y aplicada a cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, que desee reducir los impactos ambientales y cumplir con la legislación existente en materia ambiental.

Otro artículo del proyecto de ordenanza dispone que todas las industrias instaladas dentro del ejido municipal de Río Tercero deberán obtener la mencionada certificación en un plazo máximo de seis meses.

A su vez, propone que el incumplimiento de dicho requisito sea considerado falta grave y pasible de las sanciones que prevé el Código de Faltas Municipal.

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