Hace tiempo que los vecinos de barrio Monte Grande de Río Tercero no se sentían seguros. Desde hace meses muchos eran víctimas de robos y amenazas, pero por temor a represalias callaban. Sin embargo, el homicidio de María Sara Álvarez, la mujer de 74 años que murió durante un robo en su casa el pasado 20 de febrero, tuvo una fuerte condena social y provocó que muchos se animaran a contar lo que saben.

 Algunos vecinos se ofrecieron como testigos en la investigación que lleva adelante el fiscal Alejandro Carballo, que esta semana sumó un tercer detenido por el caso. Otros se expresaron a través de las redes con mensajes en los que fundamentalmente hicieron referencia a la situación de inseguridad que viven y exigieron al mismo tiempo justicia y mayor protección policial. Y varios acompañaron a la familia de la fallecida firmando un petitorio que fue entregado al intendente Marcos Ferrer esta semana. 

Petitorio

 Gustavo y Marcelo Moyano, los hijos de la mujer fallecida, firmaron el petitorio, pero fueron varios los vecinos que acompañaron lo allí expresado. Justicia y mayor presencia policial en el barrio fueron los reclamos en los que pusieron mayor énfasis. El petitorio fue presentado el pasado martes, luego de que el lunes se realizara una marcha por las calles de la ciudad pidiendo justicia.

 En el escrito se solicitó al intendente Ferrer que por su intermedio "se realicen todas las gestiones necesarias para que el homicidio no quede impune, que los culpables, hoy detenidos, continúen así y que se les aplique la pena máxima, que no se les permita salir en libertad y permanezcan en la cárcel hasta el último de los días de su condena y no reciban beneficios de atenuación" de condena.

 En el petitorio también se solicitó se brinde mayor presencia policial en barrio Monte Grande: "...que se recuerde que estamos hablando de ciudadanos, no existen de primera ni de segunda, somos todos ciudadanos que necesitamos y exigimos ser escuchados". Los vecinos reiteraron que necesitan "presencia policial estable y duradera y que no sea solo para la ocasión, que no se trate de un paño de agua fría para calmar el reclamo ciudadano".

 Hicieron referencia además a que "las promesas electorales que se realizaran en la búsqueda de votos no sean solo eso, que se materialicen y que veamos presencia policial en toda la ciudad y no solo en el balneario y el centro comercial".

 En el petitorio se destacó el trabajo llevado adelante en el marco del caso por la Unidad Judicial, el fiscal Alejandro Carballo y la Policía. Pidieron se arbitren las medidas para que "la escalda de violencia que se está viviendo en toda la ciudad cese, que se tomen medidas extremas y efectivas, que se pongan cámaras monitoreadas por la Policía".

 "Basta de inseguridad, queremos vivir tranquilos en nuestras casas, caminar sin mirar atrás para ver si alguien nos sigue, ir a un comercio tranquilos sin el temor que entren a robar mientras estamos adentro", apuntaron.
 "Solicitamos ser oídos, tenidos presente, que se nos brinde respuesta y seguridad a toda la ciudadanía que hoy eleva su voz en un solo pedido: Justicia", finalizó el escrito.

La causa

 Mientras los vecinos siguen manifestándose, la investigación por la muerte de María Sara Álvarez sigue adelante y con la detención del tercer sospechoso, estaría prácticamente cerrado el caso.
 Homicidio en ocasión de robo es la imputación que pesa sobre Carlos Nahuel Battistesa (25) y Facundo Monje Bidomine (27). Ambos fueron detenidos un día después de producido el crimen, el 21 de enero, en barrio Monte Grande. En tanto, esta semana se sumó el tercer sospechoso que era buscado desde hace varios días: Elías Joaquín Cuello (24), imputado por el delito de partícipe necesario de homicidio en ocasión de robo. El joven fue detenido en barrio Parque Monte Grande, donde residía.

 De acuerdo a la investigación Battistesa y Bidomine ingresaron a la vivienda de  Estanislao Zeballos y Fray Luis Beltrán, y sorprendieron a la víctima. La maniataron de pies y manos y robaron algunos electrodomésticos. Cuello, en tanto, no ingresó a la casa, pero era parte de la banda que había planeado el robo.

 El delito por el que están imputados los dos primero detenidos -homicidio en ocasión de robo (no quisieron causar la muerte)-, prevé una pena de 10 a 25 años de cárcel. Se trata de una figura diferente al homicidio criminis causa -con pena de prisión perpetua- que es cuando los delincuentes matan para facilitar el delito o como consecuencia de no haber podido cometerlo. 

 Esta semana declararon ante el fiscal, Bidomine y Cuello; el lunes próximo lo hará Battistesa.
 El fiscal Carballo sigue sumando pruebas y en los próximos días definirá la situación procesal de los tres sospechosos.
 Los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima determinaron que no tenía golpes. Falleció por un paro cardiorespiratorio producto del estrés provocado por la situación violenta.