Fabricaciones Militares le abre la puerta al capital privado de la industria armamentista

Fabricaciones Militares (FM), una de las empresas estatales para la defensa, ha virado su estrategia corporativa: la idea inicial de privatización total ha perdido fuerza, y el Gobierno ahora explora la apertura a capitales privados mediante "convenios asociativos", según informó Clarín en una publicación de esta semana. 

Esta decisión llega en un momento donde la firma, que opera plantas en Fray Luis Beltrán (Santa Fe), Jáchal (San Juan), Río Tercero (Córdoba) y Azul (Buenos Aires), se encuentra prácticamente paralizada por la falta de inversión pública. Su transformación en Sociedad Anónima fue crucial para el nuevo horizonte de la empresa creada por el General Savio en los años '40.

El oficialismo actual apunta a la "recuperación" de FM, deslizando la posibilidad de dar luz verde a estas asociaciones con el sector privado. Fuentes calificadas del Ejecutivo señalan que hay interés de "jugadores importantes" como la checa CSG, además de "jugadores globales" de peso como Colt y Beretta, aunque hasta la fecha no se ha concretado ningún acuerdo.

Paralelamente al interés internacional, la atención se centró este año en el supuesto acercamiento de la armería Mosky Guns, propiedad de Guido Moscardini Cecini y Nicolás Javier Silveray Pérez. Consultados por la prensa, tanto una fuente libertaria como dos fuentes dentro de Fabricaciones Militares confirmaron que los dueños de Mosky Guns mantuvieron encuentros con autoridades de la empresa con el objetivo de evaluar una potencial inversión. Sin embargo, se aclaró que dichas reuniones no avanzaron.

Los registros públicos revelan que Silveray constituyó la sociedad 3DOTS SA el 24 de octubre de 2024, cuyo objeto social incluye la compra, venta, importación, exportación y reparación de productos de armería y materiales de usos especiales.

La directiva de Fabricaciones Militares sufrió cambios recientes tras la renuncia de su expresidente Juan Manuel Vaquer, vinculado al ministro de Defensa Luis Petri. Actualmente, las autoridades son el vicepresidente Sergio Echeverría y el director Esteban Páez. Dentro del Ejecutivo, se asegura que Santiago Caputo ejerce influencia en la directiva.

Caputo, conocido por su cercanía al presidente, exploró previamente la posibilidad de concesionar la empresa a través de Diego Chaher, de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

El contexto de la industria armamentística civil también ha cambiado por vía regulatoria. Recientemente, el Gobierno estableció nuevos requisitos para la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, siempre que sean de calibre superior al .22 LR y derivadas de armas de uso militar.

Esta medida fue instrumentada mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), publicada en el Boletín Oficial y firmada por Juan Pablo Allan.

El organismo, que anteriormente se denominaba ANMAC, reconoce que durante esta gestión ha crecido el número de usuarios legítimos habilitados para manipular armas. Si bien el acceso a los rifles automáticos se dirige a una "elite" con exigencias muy superiores, se han implementado facilidades que impulsan la demanda en las armerías, como la credencial digital de legítimo usuario y el trámite de "tenencia exprés".

La Fábrica Militar de Río Tercero, que trabajó dentro del esquema productivo con armamento pesado de artillería, destinado a las Fuerzas Armadas, e insumos químicos esenciales para la producción de pólvoras y explosivos, podría sufrir cambios operativos para adaptarse al nuevo esquema.

En los últimos años Fabricaciones Militares ha experimentado un proceso de achique sobre todo de personal, con cesantías, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.