EDITORIAL. Petroquímica Río Tercero. Reformas estructurales y flexibilización, como única salida

La prolongada crisis en Petroquímica Río Tercero, que se arrastra desde hace cuatro meses sin una solución clara, no es solo un conflicto laboral, sino un dramático ejemplo de cómo la falta de competitividad y la rigidez estructural, laboral e impositiva, amenazan con borrar del mapa una industria con más de 40 años de historia. 

La empresa se encuentra en concurso de acreedores y la extensión de la inactividad productiva eleva el riesgo de un quiebre definitivo. 

Para que la industria en general funcione, se necesita más que una negociación: se requiere una profunda reforma laboral y tributaria que redefina su viabilidad en el mercado actual, además de políticas productivistas.

El origen de la debacle radica en la incapacidad de competir. En el último año, Petroquímica despidió a cerca de 290 de los 375 empleados que poseía hasta octubre de 2024. La decisión más grave fue el cierre de su principal unidad productiva, la planta de TDI, la única de su tipo en América del Sur. La apertura de los mercados permitió el ingreso de TDI desde China a valores que la industria local sencillamente no podía igualar, lo que subraya la necesidad urgente de una revisión de la política tributaria y arancelaria que garantice un campo de juego equitativo. La falta de competitividad externa ha sido la sentencia de muerte económica para su negocio principal.

A nivel interno, la crisis ha generado una paralización productiva. Los despidos más recientes (124 personas sin indemnización) generaron el conflicto que detuvo las plantas de policloruro de aluminio (PAC), soda y ácido clorhídrico. Hoy, la empresa solo mantiene a unos 80 operarios realizando tareas de mantenimiento, una cantidad que el Sindicato Químico considera insuficiente para la puesta en marcha segura de la producción.

La falta de competitividad frente a las importaciones (lo que requiere una revisión tributaria/arancelaria) y la necesidad de negociar un convenio de crisis que implica cambios en salarios, aportes jubilatorios y condiciones de trabajo  son factores determinantes para la supervivencia de la empresa.

El destino de la industria está atado a la negociación de un "convenio de crisis". Es crucial que en este marco se sienten las bases de una verdadera reforma laboral interna, que no solo busque el reingreso de parte del personal despedido, sino que también adapte las condiciones de trabajo y los salarios a la realidad financiera de la empresa y del mercado.

El sector gremial ha manifestado estar discutiendo la puesta a disposición de aportes jubilatorios por un tiempo determinado, además de las condiciones de trabajo y salarios. De hecho, los 80 operarios que quedan están cobrando el 100% del sueldo base, aunque con una merma del 30% al no percibir ningún tipo de adicionales. Esta negociación, que busca sacar adelante artículo por artículo para garantizar el salario de los trabajadores y la producción, debe culminar en un acuerdo que garantice la puesta en marcha segura y sostenible de la planta.

Sin embargo, el esfuerzo interno será vano si no se acompaña de medidas macroeconómicas. Las reformas deben abordar tanto la eficiencia y flexibilidad laboral -permitiendo a la empresa operar con costos operativos que le ayuden a subsistir y competir- como la reforma tributaria y la protección de la producción impidiendo que la apertura descontrolada del mercado continúe socavando la base industrial, y a la vez una revisión tarifaria de algunos servicios, como la energía eléctrica.

La crisis de Petroquímica Río Tercero es un llamado de atención. O se adoptan urgentemente las reformas estructurales que permitan a la empresa recuperar la competitividad perdida y operar bajo condiciones económicas sostenibles, o el quiebre de esta industria será inminente, con un alto costo social y económico para la ciudad.