Expectativa por la reunión con Pettovello, para destrabar la Universidad de Río Tercero

Locales 02 de marzo de 2024 Por Tribuna
El miércoles el intendente Ferrer y la diputada Brouwer de Koning serán recibidos por la ministra de Capital Humano de la Nación, quien decidió “revisar” el inicio de nuevas universidades creadas por ley.
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El intendente Ferrer y el rector de la Universidad de Río Tercero en la presentación del plan institucional

Con fuerte expectativa sobre la reunión que mantendrá con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el intendente Marcos Ferrer espera comenzar a destrabar el arranque administrativo de la Universidad Nacional de Río Tercero, que fue bloqueado sorpresivamente por el Gobierno nacional.

Ferrer junto a la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y al rector organizador Pablo Yannibelli, serán recibidos por Pettovello en audiencia el próximo miércoles 6 de marzo a las 15. Se estima que la comitiva local podría llevar propuestas para financiar la universidad, si el problema que plantea el Estado es de presupuesto. “Si había que buscar alternativas de financiamiento lo podíamos plantear nosotros”, sostuvo Ferrer en las últimas horas. Y agregó: “Se metió todo en un paquete donde hay una discusión que tiene más que ver con la política. Hay otras universidades con otra génesis y otras particularidades, no sé cuál es la situación en ellas pero la nuestra no le ha costado un solo peso al Estado nacional”, dijo en una entrevista con Canal 12, negando que nuestra universidad se vaya a convertir en “una cueva de militantes”, como lo deslizó el gobierno de Milei.

Destacó que el rector organizador del proyecto trabaja ad honorem y que mediante un convenio consiguieron una sede de forma gratuita: las aulas de la FURRT. Además, aseguró que habían tenido acercamientos con el sector privado y destacó que un financiamiento mixto podría haber sido una alternativa si el problema era una cuestión de fondos.

Lo cierto es que la revisión de la puesta en marcha de la universidad, recibió el rechazo de gran parte de la comunidad y la dirigencia local, provincial y regional. El último en hacerlo fue el gobernador Martín Llaryora quien en un acto por la ampliación del boleto social y con Ferrer presente, dijo que “Río Tercero no merece que le corten el proyecto universitario”. De este modo, el gobernador recalcó que, en la provincia de Córdoba, la pertenencia a distintos partidos políticos no impide el trabajo conjunto y colaborativo: “Por eso, Marcos, contá con el apoyo de todos nosotros, para que Córdoba defienda al sistema universitario y a la Universidad de Río Tercero”, cerró.

En la misma línea se pronunció el diputado nacional y vicerector de la UBA, Emiliano Yacobitti quien destacó el trabajo presentado sobre la Universidad de Río Tercero ante la Secretaría de Educación, como requisito para su habilitación. “Costó cero peso del Estado”, dijo en declaraciones al canal La Nación+. 

Calificó a la decisión del Ejecutivo nacional como “un error. Tampoco fueron dadas de baja, están en revisión. Y seguramente, en el caso que yo estuve más cerca que es de Río Tercero, va a seguir siendo una universidad”, vaticinó.

Sobre la revisión que la resolución plantea, Yacobitti dijo que esa acción podría ser ejercida sobre el nombramiento de los rectores normalizadores, no sobre el resto del proceso porque fueron creadas por ley. De hecho la resolución de Pettovello deja sin efecto la designación de los rectores.

El legislador nacional recordó que las universidades fueron aprobadas en el Congreso por la mayoría de los legisladores, incluidos todos los senadores del PRO, muchos de los cuales hoy apoyan la revisión de los expedientes y califican a las nuevas universidades como grandes "cajas negras" de la política en consonancia con la opinión del presidente Milei.  

“Las universidades que funcionan bien, como la gran mayoría, generan transformaciones en la región donde están”, señaló Yacobitti.

“Las universidades tienen métodos de control, auditorías internas, las controla la Auditoría General de la Nación, como cualquier parte del Estado”, subrayó.

“Si el gobierno las quiere revisar, que las revise y si encuentra algo malo que lo denuncie, pero que no se la agarre con una institución”, reclamó.

“Pongo las manos en el fuego por lo que se hizo en la Universidad de Río Tercero, que se gastó cero peso del Estado. Lo digo porque conozco a quien fue designado rector normalizador (el abogado Pablo Yannibelli). Es un profesor de la UBA y es un ejemplo de nuevas universidades”, enfatizó.

La resolución, que suspende el inicio de actividades de cinco nuevas universidades: Madres de Plaza de Mayo, Quilmes, Pilar, Del Delta y entre ellas la de Río Tercero, destaca que se debe establecer “si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido; si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas; y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.

En esa línea, en su habitual conferencia de prensa diaria, esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni indicó, sin identificarlas, que “en dos de estas universidades se habían transferido unos 800 millones de pesos que queremos saber cuál fue el destino de estos fondos”. Recalcó que las universidades se revisarán y auditarán. 

Más allá de la cautela de Ferrer, quien se expresó con más vehemencia fue la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, autora del proyecto de ley que creó la universidad.

“Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”, expresó la diputada nacional.

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“La Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: Informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio”, aportó.
   Y añadió: “El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público. Para eliminar una ley y sus efectos el único camino es construir esa mayoría en el Congreso que hoy no tiene. Con ese argumento muchos derechos pueden quedar en jaque. 

“Esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del Estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad de la educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando. Hoy las universidades no tienen certezas respecto a los recursos con que van a contar este año y los rectores de todo el país lo manifestaron en el posicionamiento del CIN de hace unos días”, dijo Brouwer de Koning en un documento de diez puntos.

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