Los Desafíos del Suministro de Agua en Ciudades en Crecimiento: Un Recurso Escaso en un Mundo Urbano
Espacio institucional de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero.
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El intendente Marcos Ferrer señaló que le sorprendió la resolución del Ministerio de Capital Humano, de “revisar” y suspender el inicio de actividades de las nuevas universidades creadas por ley el año pasado, especialmente la Nacional de Río Tercero.
Locales27/02/2024TribunaEl intendente Marcos Ferrer señaló que le sorprendió la resolución del Ministerio de Capital Humano, de “revisar” y suspender el inicio de actividades de las nuevas universidades creadas por ley el año pasado, especialmente la Nacional de Río Tercero.
El jefe comunal sostuvo que el funcionamiento de la universidad no le causa por ahora ningún gasto al Estado porque no está incluida en el presupuesto 2023 que es el rige porque fue reconducido, tampoco genera gastos el trabajo del rector normalizar Pablo Yannibelli, que se desempeña ad honorem, según Ferrer.
Precisamente, la resolución dejó sin efecto las designaciones de los rectores normalizadores.
Existe sí una resolución que dispone fondos para la universidad, firmada por el gobierno anterior, pero no ejecutada.
Tampoco generaría gastos el comienzo de las actividades, con el dictado de dos tecnicaturas, puesto que el dictado de las clases está previsto en la sede de la FURRT.
Ferrer reveló que le pidió una audiencia a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello para tratar el asunto, y que se comunicó con el gobernador Martín Llaryora para lograr su apoyo para el comienzo de las actividades de la universidad.
Ferrer comentó que no hay razones para frenar la puesta en marcha de nuestra universidad, un sueño de varias décadas de la ciudad, puesto que el proyecto cumple con todas las exigencias académicas y administrativas surgidas de la ley que la creo, de su reglamentación y de las disposiciones en la materia.
“En términos académicos viene muy bien, tiene más de 50 convenios firmados con instituciones privadas y públicas; su plan de estudio ya fue presentado. En términos académicos y de avance, venimos muy bien”, dijo Ferrer a TRIBUNA.
Esa es la posición que el intendente expondrá ante la Nación, en caso de ser recibido por la ministra Pettovello.
Los actores vinculados a la universidad por ahora no ven razones políticas en la medida de suspender el inicio de las actividades de la universidad local, que tengan alguna relación con la confrontación que el Presidente mantiene con los gobernadores y legisladores por el manejo de fondos.
En ese contexto, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, autora del proyecto que creó la universidad, publicó un extenso comunicado de 10 puntos, a través del cual expuso su postura por la resolución de la Nación.
Brouwer indicó lo siguiente:
1- Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos.
2- La Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: Informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio.
3- El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público.
Para eliminar una ley y sus efectos el único camino es construir esa mayoría en el Congreso que hoy no tiene. Con ese argumento muchos derechos pueden quedar en jaque.
4- Esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando. Hoy las universidades no tienen certezas respecto a los recursos con que van a contar este año y los rectores de todo el país lo manifestaron en el posicionamiento del CIN de hace unos días.
5- El decreto pretende iniciar una "revisión del proceso de creación", facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses para que pueda viabilizar el proyecto institucional.
6- El Rector Pablo Yannibelli ha desempeñado sus funciones ad honorem, y desde su nombramiento ha cumplido todos los pasos para asegurar la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Tercero. Ha cumplido estrictamente el mandato legal del Congreso y de la Ley de Educación Superior, presentando toda la documentación que requiere la autorización por parte de la CONEAU y además ha construido los vínculos sociales, comunitarios y productivos necesarios para darle vida a la UNRT. En este sentido, se concretaron 52 convenios con instituciones locales y regionales y existen muchos más en proceso de rubricación.
7- El edificio en donde funciona la Universidad pertenece a la Fundación Universidad Regional, que lo ha puesto a disposición para contribuir con la acción educativa. No hubo erogación alguna del estado en ese sentido.
8- La sanción de la Ley implicó mucho esfuerzo de los riotercerenses, y es un duro golpe para nuestro anhelo de memoria, verdad y justicia ante los atentados que sufrimos en 1995 en la Fábrica Militar. La ley es una acción de reparación histórica, así lo definieron los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso.
9- Necesitamos dar vuelta la página de una vez por todas y no volver a las épocas en donde el estado negaba su responsabilidad en la voladura de la ciudad.
10- Esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno, ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región.
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