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Fue aprobado el proyecto de Ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana que presentó el gobernador Martín Llaryora. La iniciativa a la que la Legislatura dio aprobación este miércoles, prevé entre otras varias cuestiones, la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (policía municipal), previendo la incorporación de agentes locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba. Desde Río Tercero se indicó que la ciudad está dispuesta a adherir a la propuesta.
“Aún no conocemos en detalle cómo funcionará y qué facultades tendrá la policía municipal, pero el intendente ya ha manifestado que está dispuesto a adherir”, señaló Miguel Canuto, secretario de Seguridad de la Municipalidad.
Aunque resta conocer los alcances que tendrá la propuesta de Llaryora, el funcionario admitió que en Río Tercero se viene trabajando con un grupo de personas que podrían integrar la policía municipal.
La iniciativa del gobernador brinda el marco jurídico necesario para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
Además de la creación de las policías municipales otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que duplica el número de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.
En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
Plan de desarme
La ley enviada a la Legislatura Unicameral establece la estimulación del plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen
La normativa incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba – COPEC, creado en 2008.
Cómo serán las policías
Los integrantes de la policía municipal podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas. Entre sus funciones y atributos se encuentran los de disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales.
“Será muy importante la creación de este cuerpo por la intervención temprana que podemos tener. Nuestros móviles están en las calles y además contamos para esta tarea con la sala de monitoreo”, destacó Canuto respecto al trabajo que llevaría adelante la nueva fuerza en Río Tercero.
Canuto admitió que desde hace varios meses se trabaja en ese sentido. El funcionario dijo que su vuelta a la Secretaría de Seguridad en este segundo mandato del intendente Marcos Ferrer, se debe en parte a trabajar en ese objetivo.
Cámaras de seguridad
El proyecto enviado por el gobernandor Martín Llaryora a la Legislatura exige que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, etc. estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
La propuesta permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones.
Seguridad privada
La ley también establece que se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales.
En los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia.
La norma establece expresamente que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”.
Narcotest
El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funiones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
Otro aspecto contemplado por la ley es que las empresas prestadoras de seguridad podrán ser contratadas para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos, etc.
Los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos.
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