Más allá de las apreciaciones de quienes a diario están en contacto con esta realidad, los números son elocuentes con respecto al crecimiento del delito de abuso sexual. En la Décima Circunscripción judicial, que abarca Tribunales de Río Tercero, entre 2020 y 2022, estos delitos tuvieron un incremento del 5%. Pero la cifra más llamativa es la que indica que en lo que va de 2023, las causas tramitadas por estos hechos representan un 55% del total.

Los datos proporcionados desde la Cámara del Crimen local arrojan un estado de situación preocupante: en 2020 los delitos de abuso sexual representaron el 14% del total de causas; en 2021 el porcentaje trepó al 16% y en 2022 alcanzó el 19%. En 2023, en ocho semanas de actividad judicial tras la feria de verano, el número se elevó al 55%.

Sin embargo, desde la Cámara del Crimen aclaran sobre este número: “Se trata de un porcentaje algo distorsivo porque la mayoría de estas causas quedaron pendientes de noviembre y diciembre del año pasado. No se abrieron los juicios para que no fueran interrumpidos por la feria y entonces se programaron para los primeros meses de este año. El porcentaje de este año puede bajar”, arriesgan.

De todos modos no deja de sorprender el salto que tuvo la cantidad de abusos sexuales. “Realmente sorprenden los números, es alarmante cómo creció este tipo de delito”, admiten fuentes judiciales.

Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia, aseguran. Sin embargo, para conocer la prevalencia y evolución histórica de estos delitos es necesario complementar la información de registros que indiquen el nivel de no denuncia.

Registros: Cada una de las personas condenadas, con nombre y apellido, son incluidas en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Este programa  tiene como objetivo recolectar sus muestras de ADN bajo orden judicial para producir cotejos que conduzcan a resolver casos sin condena. En la provincia de Córdoba, además, los nombres también se deben incorporar al Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual.

La última Encuesta Nacional de Victimización, publicada por el INDEC, ya tiene casi 5 años. Ese informe, entre otras variables, da cuenta de la tasa de “no denuncia” de acuerdo a cada tipo penal. Según ese informe, publicado en 2017, la tasa de “no denuncia” de los delitos de “ofensa sexual” es del 87%, uno de los registros más altos de todos los analizados. “De los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, que sólo es reportada en el 12,5% de los casos”, señala el documento.

Víctimas y victimarios
Las cifras brindadas desde los Tribunales riotercerenses también ponen el foco en la edad y el género de las víctimas: un 80% son menores de 13 años y un 99% son niñas.

“Al ser menores de 13 años las víctimas, el abuso sexual en todas sus formas -simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal- se concursa con la corrupción de menores”, explica la misma fuente. Y se añade otro dato: en la mayoría de los casos el delito se califica por la guarda. Esto se traduce en que los victimarios corresponden en un 95% de los casos al grupo intrafamiliar de las víctimas.

Respecto a los victimarios se añade que en casi todos los casos pertenecen al núcleo familiar de sangre o político más cercano a la víctima. Es decir, que los atacantes son padres, padrastros o tíos.