La Federación Agraria Argentina remitió notas a los 257 legisladores que integran la Cámara de Diputados de la Nación, de cara al inminente tratamiento en sesión del proyecto de ley de presupuesto para 2023, para solicitarles que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría producido la semana pasada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el mismo se busca prorrogar hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones).

“Solicitamos no acompañar una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”, se indicaba en la nota.  

Entre los motivos para sustentar dicho pedido, dijo FAA: “Sostenemos que, en materia tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los derechos de exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos".

Asimismo, agregaron que "El Poder Legislativo no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al PEN para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades, lo cual sería abiertamente contrario a nuestra Ley Suprema, que lo prohíbe”. Y continuó: “Agregamos, además, que en la práctica contributiva, si bien el Derecho de Exportación es un impuesto que debe tributar el exportador, siempre es trasladado al productor agropecuario en materia agraria, lo cual afecta directamente el precio que percibe el productor. En resumidas palabras, es el productor agropecuario sobre quien repercute directamente el tributo, distorsionándose en la realidad el fundamento original del cobro de dicha tributación, perjudicando de manera directa la distribución de los esfuerzos y afectando a los mas pequeños en beneficio de los mas grandes exportadores de productos agropecuarios".

La FAA sostuvo además que "esta realidad desdibuja el rol de desarrollo productivo, económico y social del sujeto agrario que moviliza la economía argentina y sobre todo de las comunidades más pequeñas y postergadas”.

Asimismo, la entidad aprovechó el contacto con los legisladores para señalarles: “Finalmente, y dada la enorme sequía que impacta fuertemente sobre vastas zonas de nuestro país, así como también diversas inclemencias climáticas como granizo y/o helada, que padecemos con más fuerza los productores más pequeños, les pedimos tengan a bien considerar la incorporación en el tratamiento legislativo de estos y tantos otros temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país".

En particular, en relación con este tema, desde hace años FAA viene solicitando que se puedan "actualizar los fondos previstos por la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, así como también avanzar con la creación de un seguro multirriesgo, por citar algunas propuestas de varias. Muchas veces pareciera que la agenda del Congreso va por un sendero muy distinto al que transitamos los que vivimos y producimos en el campo. Por eso los invitamos a abordar estas problemáticas a la brevedad”.