Aparentemente, la decisión política por parte del Gobierno provincial está tomada y las tres estaciones de peaje ubicadas sobre ruta 6, en Tancacha, Dalmacio Vélez y Cruz Alta, dejarían de funcionar.

En principio, la noticia de dejar el mantenimiento vial en manos estatales, permitiendo una circulación gratuita, puede generar un impacto positivo en la opinión pública y hasta tiene sentido para muchos que la circulan habitualmente.

No obstante, esa percepción debe convivir con otra realidad sumamente preocupante como el destino laboral del personal. Las cabinas emplean a unas 60 personas de manera directa y otras 250 de forma indirecta, según fuentes gremiales.

Ante este panorama, los intendentes cuyos municipios conforman el Ente Ruta 6 a cargo del peaje, se encuentran ante la encrucijada de avalar la decisión provincial y afrontar el impacto sobre el empleo local.

Tancacha es una de las localidades más ligadas a la estación que desde hace casi 30 años está ubicada a pocos kilómetros. De allí proceden unos 16 trabajadores, precisaron desde el Municipio.

“En la Provincia entienden que la ruta no está al nivel de un cobro de peaje, nosotros lo aceptamos bajo el condicionamiento de la reinserción laboral de los empleados”, expresó el intendente de esa localidad, Víctor Vera.

El jefe comunal se mostró optimista en ese sentido, aclarando que el Ente no se disolverá, por lo que algunos trabajadores podrían ocuparse del mantenimiento de banquinas o en las balanzas, fundamentales para el mantenimiento de las rutas y cuya operación es materia pendiente.

También sugirió que hay distintas reparticiones estatales donde podrían ser reubicados, en base al acuerdo tácito con la Provincia. En cualquier caso sostendría el nivel de ingresos, agregó, como respuesta a las molestias que pueda generar este cambio en los trabajadores y la incertidumbre que reina entre ellos.

Por otra parte, recordó que la concesión vence el próximo año, con lo cual se le está dando una solución anticipada a los empleados, incluyendo las alternativas de jubilaciones anticipadas o indemnizaciones.

Igualmente, Gustavo Rossi, del gremio Uecara interior, repudió esta “sorpresiva decisión” del Gobierno provincial, afirmando que “está vacía de contenido social y económico”. A su vez, señaló que “la empresa obtiene 15 millones de pesos en ganancia neta y los salarios de los 60 trabajadores no representan el 27% de la recaudación".