Imitando una ley nacional aprobada en 2016 que obliga a los funcionarios públicos de los tres poderes a someterse a un test obligatorio de drogas, en Río Tercero ediles tuvieron la misma iniciativa. El proyecto fue presentado esta semana por el bloque de concejales del Frente Todos por Río Tercero.
El proyecto establece que quienes ocupen cargos políticos y jerárquicos de la función pública "deben carecer de cualquier adicción a drogas ilegales".
La iniciativa fue presentada hoy en el marco del Día internacional de lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.
El proyecto indica que los funcionarios deberán someterse a un examen obligatorio de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO) en dos muestras, las que deberán ser selladas y firmadas por las partes. El examen deberá realizarse en el plazo de tres meses de la puesta en vigencia de la ordenanza y con periodicidad de un año.
La iniciativa indica que en caso de resultado positivo, el funcionario involucrado tendrá derecho a exigir la contraprueba, dentro de los cinco días hábiles siguientes al que fue conocido el resultado del análisis. Si se confirma el caso positivo de presencia de drogas prohibidas, se procederá a la suspensión del funcionario, "respetándose las garantías constitucionales durante su tratamiento y rehabilitación, considerándose dentro del régimen de licencia vigente", aunque sin goce de haberes.
De aprobarse la iniciativa estarían obligados a realizar el examen todos los integrantes del departamento Ejecutivo, desde el intendente hasta el cargo de subdirector, el Concejo Deliberante comprendiendo los cargos electivos como los de designación política, a los miembros del Tribunal de Cuentas y a los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados hasta el nivel de gerente, secretario administrativo, director o equivalente.
Se adjunta el proyecto presentado hoy por los ediles del Frente Todos por Río Tercero
