Editorial. Control y denuncia, para terminar con el cobro de plus

Locales 09 de noviembre de 2020 Por Tribuna
El Estado debe convertirse en el primer responsable del control, y hacer efectivas sanciones ejemplificadoras para corregir este tipo de conductas ya naturalizadas.
TRIBUNA REDES

Semanas atrás una nueva denuncia pública acerca del cobro indebido de plus por una prestación bioquímica, reactualizó un tema sensible y recurrente en el amplio espectro sanitario privado local. El reclamo hacía referencia a la cuestionable práctica de un laboratorio, decidida arbitrariamente por encima del arancel dispuesto por la obra social en cuestión, bajo la siempre vigente excusa de las demoras en los pagos correspondientes.

En efecto, no es menor el dato que las obras sociales, de todos los tamaños, sectores y características, sobresalen por no cumplir a tiempo con sus obligaciones ante sus prestadores. Pero esa situación irregular no puede ser utilizada para obtener una ventaja e implementarla como “remedio” financiero y económico. En primer lugar porque es ilegal el cobro de plus si la obra social no lo avala o ese cargo no figura como coseguro. Y en segundo término es más oscuro aún el asunto, cuando por lo general se evita emitir la factura correspondiente ante el reclamo del asociado. 

Se genera de este modo un doble cargo o imposición que perjudica al paciente, ya que por un lado debe asumir la cuota o costo de su mutual o prepaga, y por el otro el festival de coaranceles o plus. 

La práctica, lamentablemente casi generalizada, se verifica en todos los ámbitos de la medicina  privada, sin diferenciación de obras sociales, y más aún cuando se trata de prestadores oficiales, como el PAMI y APROSS, por citar dos ejemplos más cercanos. En muchas ocasiones el asunto no se denuncia por parte del afiliado, para evitar tragos amargos y enfrentamientos con quienes confía nada menos que su salud. Pero sin embargo la denuncia rápida y efectiva es vital para, de una vez por todas, terminar con este tipo de maniobras. A su vez el Estado debe convertirse en el primer responsable del control, y hacer efectivas sanciones ejemplificadoras para corregir este tipo de conductas ya descaradamente naturalizadas.  

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