El Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba condenó a siete años de prisión al empresario Atilio Omar Mengo, propietario de cuatro empresas agropecuarias, por "asociación ilícita para cometer delitos tributarios". También fueron condenadas, con pena de cuatro años de prisión, sus hijas Francina y Luisina Mengo, como coautoras del delito,  y otras seis personas con participación en carácter de coautores o partícipes necesarios del mismo delito. 

La maniobra condenada era la de fabricar facturas truchas que eran utilizadas por productores para simular operaciones y evadir impuestos.

El titular de la fiscalía general número 2, Carlos Gonella, había solicitado penas de hasta ocho años de prisión para los empresarios rurales con vinculación con Río Tercero, por evasión tributaria, delito que concretaban con la utilización de personas en situación vulnerable económicamente, para hacerlo figurar como titulares de empresas ficticias y facturar en su nombre. 

El principal imputado como organizador de la "usina de facturas truchas", Atilio Omar Mengo, es propietario de las empresas FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA, Cereales y Pasturas SRL y Oro Verde SA. 

De acuerdo al alegato de la Fiscalía, la organización comercializaba  cereales con documentación falsa y bajo nombres simulados. Los movimientos que declaraban encubrían otras operaciones de compraventa de granos marginales o "en negro". 

Este delito era perpetrado por una serie de empresarios rurales que utilizaban, para ese fin, a personas en situación de vulnerabilidad económica que eran registradas como "responsables" de las operaciones "truchas". 

La Fiscalía describió, en su exposición, que "la maniobra se desarrolló en torno a la comercialización de cereales, con documentación y personas simuladas, cuyos movimientos fueron registrados y declarados fiscalmente para encubrir operaciones de compraventa marginal de granos". 

Los representantes del Ministerio Público, Gonella y Trotta, describieron además que en 2007, María Pía Cardoso, en ese momento titular del área de Saneamiento Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto, reclutaba personas de bajos recursos y ajenas a la actividad agropecuaria a fin de inscribirlas ante la AFIP como monotributistas. En esta tarea participaban Hugo Aguero, Fabián Giles y Vanesa Moyano. Al igual que Cardoso, todos imputados en la causa.

"Bajo la promesa de un pago de 150 pesos, subsidios o algún tipo de asistencia social, los imputados hacían que estas personas firmasen documentación en blanco necesaria para la comercialización de granos", señaló la Fiscalía. Agregó que "las empresas del grupo Mengo (FLG, Soybeans, Cereales y Pasturas, y Oro Verde), que intermediaban en la compra y venta de granos, hacian figurar falsamente a estas personas como proveedoras/vendedores del cereal". 

"De esta manera, se conformaba un circuito marginal de la comercialización de cereales mediante la emisión de documentación apócrifa a nombre de esas personas, y el circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de ellas mismas, por parte de Francina Mengo, Luisina Mengo, Sebastian Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y/o apoderados de las empresas del grupo", describe la presentación judicial. 

"El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de Eduardo, Diego y Gabriel Meta, Fabián Petiti y Gabriel Ludueña, a través de la firma Gordon SA".