Un nuevo capítulo se suma a la inusual situación planteada a partir de la denuncia de Noelia Antón, secretaria del bloque de concejales del Frente Todos, por violencia de género en contra del edil de ese partido Nicolás Rodríguez. Ayer el abogado que representa a Antón, presentó un escrito a la fiscal Paula Bruera para que en el marco de esa causa también se investigue a los concejales Rodríguez, Mercedes Coquet y Diego Dellacasa por el delito de extorsión.

En forma paralela Rodríguez solicitó a la jueza de Control Sonia Pippi que se arbitren los medios para que pueda desempeñar sus tareas en la sede del Concejo Deliberante, debido a que actualmente no lo puede hacer por una orden de restricción que mantiene con Antón. Asimismo, Rodríguez negó la existencia de los hechos que motivaron la denuncia.

Extorsión

La discusión laboral que mantuvieron Antón y Rodríguez que luego derivó en la denuncia en contra del concejal por agresión, se habría iniciado, según indicó Carlos Ríos -abogado patrocinante de Antón- debido a que la mujer,  por un acuerdo verbal con los concejales de ese bloque debía compartir su sueldo con el abogado Joaquín Azcona, quien colabora con los ediles. “Se le ordenó entregar mensualmente la mitad de su salario (de 50 mil pesos, pagados por el Municipio), como condición para conservar su puesto”, manifestó Ríos. 

Asimismo, el abogado dijo que en reiteradas oportunidades, Antón planteó su disconformidad con esta práctica siendo, sin embargo, obligada a mantenerse en ella bajo amenaza de ser despedida si no lo hacía.
Siempre según lo indicado por el abogado de la denunciante, la discusión se habría dado cuando Antón fue obligada a destinar otra parte de su salario a un asesor político del bloque. “Frente a la intransigencia de la señorita Antón, los concejales finalmente la despidieron solicitando al Concejo Deliberante que se dejara sin efecto su nombramiento”, indicó Ríos.

Cabe aclarar que la secretaria de bloque fue ratificada luego en su puesto de trabajo por la presidencia del cuerpo y actualmente continúa desempeñando sus tareas.

“Estos hechos revisten gravedad institucional, dado que han tenido lugar en el Concejo Deliberante, revelando una práctica espuria y corrupta, consistente en obligar a una empleada a disponer de su sueldo a favor de otras personas, bajo amenaza de tomar represalias en función de una relación de poder”, argumentó Ríos. “Se trata de un manejo ilícito de los recursos públicos, por el cual, quien proporciona el empleo público, sujeta su conservación a exigencias ilegales”, planteó.
Como prueba fueron aportados audios de WhatsApp y los recibos de las transferencias bancarias. 

Operación política
Por otra parte, una inhabitual situación se plantea en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia en contra del concejal  Rodríguez, quien no puede ejercer su función como edil debido a que tiene una restricción de contacto con la secretaria.

Tras el episodio que derivó en la denuncia, Antón manifestó su intención de continuar trabajando en el mismo ámbito en el que lo hacía antes de que realizara la denuncia en contra de Rodríguez. Esto motiva que el concejal no pueda asistir a las reuniones de comisión del Concejo ni tampoco a las sesiones que realiza el cuerpo deliberativo, ya que ambas actividades se desarrollan en el mismo edificio en donde cumple tareas la denunciante.

El pasado jueves la sesión del Concejo se llevó a cabo en el anfiteatro municipal -como se viene haciendo desde hace algunas semanas para cumplir con el distanciamiento- en donde estuvo cumpliendo sus funciones Antón. Por ese motivo Rodríguez no pudo estar presente y sus dos compañeros de bloque, Coquet y Dellacasa, tampoco asistieron en solidaridad con el edil.

“La normativa dice que a la víctima hay que evitar revicitimizarla y resguardar todas sus garantías en el estado anterior de que se realizara la denuncia. A raíz de esto Antón fue consultada y ella manifestó que deseaba continuar trabajando como lo hacía con anterioridad. Esto es incompatible con las funciones del concejal porque trabajan en el mismo lugar. Esta situación debe resolverla ahora la jueza de Control (Sonia Pippi) quien está interviniendo”, explicó Gabriela Brouwer de Koning, presidente del Concejo Deliberante.

Por su parte, Rodríguez puso de manifiesto su decisión de ejercer su derecho de voto como representante del pueblo.
 “La restricción de contacto impide que Rodríguez esté en el mismo sitio que Antón, por lo tanto será la jueza quien deba resolver esta situación”, insistió la presidente del Concejo.

Ayer el concejal fue citado a una audiencia por la jueza Pippi. En ese contexto el abogado que lo representa solicitó se resuelva la situación. 

“Hay un mandato constitucional, hay una voluntad popular que Nicolás está obligado a cumplir, porque el pueblo así lo ha dispuesto. Lo que hemos solicitado es que garantice que pueda cumplir con sus funciones”, señaló Federico Macciochi, reconocido letrado cordobés quien patrocinó a las familias de Malvinas Argentinas en la causa contra Monsanto.

“Esta denuncia es una maniobra política donde la Justicia ha sido víctima de toda esta operación. Se ha llegado al absurdo tal que un juez obliga a que el concejal no pueda ingresar a las sesiones ni a las reuniones de comisión, dede se dan las discusiones y debates, cuando el Concejo Deliberante no ha tomado ninguna decisión al respecto”, sentenció el abogado.

Causa judicial

Por otro lado, sigue avanzando la causa que generó la denuncia de Antón en contra de Rodríguez y en la cual el edil se encuentra imputado por el delito de lesiones leves calificadas. Esta semana la fiscal Bruera ordenó un procedimiento en la sede del Concejo Deliberante. Además de realizar algunos croquis del lugar y tomar fotografías se pidió documentación que se incorporará al expediente.
La denuncia de Antón se presentó luego de que la mujer protagonizara una discusión laboral con Rodríguez, en la misma sede del Concejo Deliberante.

“El ámbito de discusión de cualquier controversia es siempre la Justicia y es ahí donde la hemos llevado. Hemos negado categóricamente los hechos. Somos respetuosos del secreto de sumario instruido por la doctora Bruera y en función de esto nos eximimos de hacer comentarios sobre el supuesto hecho denunciado”, dijo ayer a TRIBUNA el concejal Rodríguez.

El edil comentó que puso a disposición de la Fiscalía “todo el material probatorio que disponemos para dejar en claro que el hecho no sucedió”. El edil señaló que durante la supuesta discusión con la secretaria de su bloque, se encontraba junto al tribuno de Cuentas Pedro Bossa “y eso está constatado por las cámaras de seguridad”. 
Finalmente el concejal indicó que “hay una suma de elementos probatorios que van a demostrar que esto no sucedió y que se trata de una operación política para perjudicarme”. Agregó que “la política en Río Tercero ha tenido, tristemente, demasiadas muestras de como se utilizan temas sensibles para la sociedad en desmedro de la oposición política como manera de desacreditar o poner en duda su honor”.

Licencia

Respecto a la situación planteada, el Comité local de la Juventud Radical realizó un llamado para que se le exija al concejal Rodríguez que tome licencia en su cargo hasta tanto se esclarezca la causa judicial en la que se lo investiga por presunta violencia de género. La JR repudió además la ausencia de los tres ediles frentistas en la sesión del pasado jueves del cuerpo deliberativo, quienes no asistieron en solidaridad con el concejal