Sólo con el voto del oficialismo se aprobó una prórroga del contrato con Cotreco

Locales 30 de julio de 2020 Por Tribuna
La empresa continuará brindando el servicio hasta el próximo año. La tarifa se congeló a precios de julio de 2019.
concejo

El Concejo Deliberante aprobó, solo con el voto de la UCR, una prórroga del contrato que el Municipio tiene con la empresa de recolección de residuos Cotreco, por un año

La presidente del cuerpo legislativo, Gabriela Brouwer de Koning argumentó que “ante esta situación de pandemia ha hecho que el intendente tuviera que tomar esta decisión. Para llamar a licitación a las empresas se les hace muy difícil poder cotizar; y como debemos garantizar el servicio a la sociedad el intendente comenzó a realizar negociaciones con la empresa actual”.

El monto de la prestación será el mismo que se canceló en julio, de 15.324.000 pesos mensuales, y no sufrirá aumentos durante un año.

El precio, sin embargo, se actualizó precisamente en julio en 5,6% como lo establecía el anterior contrato, a raíz de las variaciones de costo.

No habrá ya redeterminación de precios, cuya aplicación encarecía significativamente el servicio.  

Además, el nuevo contrato contempla una cláusula de finalización de la relación contractual en caso de decidir el Municipio un nuevo llamado a licitación en los próximos meses y la adjudicación a la empresa que resulte ganadora, sin ninguna posibilidad de reclamo de las partes.

Los bloques opositores, Hacemos por Córdoba y Frente Todos por Río Tercero votaron en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal.

La edil Romina Carezzano planteó su desacuerdo. "Nosotros tratamos siempre de analizar las cosas, pero no estamos de acuerdo; creemos que se ha hecho de manera irregular y no lo avalamos para nada. No estamos de acuerdo porque creemos que avalar estos es avalar algo de la gestión anterior, y no creemos que le haga bien a la ciudad”.

En tanto, la concejal frentista Mercedes Coquet indicó que esta instancia equivale a una renovación de contrato. “No es lo mismo, esto nos deja fuera de la legalidad en cuanto a los procedimientos. El estado sabía que en agosto vencía el contrato y tendría que haber llamado a licitación, no teníamos un plan B no había otras alternativas", dijo.

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