Murió por coronavirus uno de los militares condenados por las explosiones de 1995, detenido en Campo de Mayo

Locales 24 de julio de 2020 Por Tribuna
El coronel retirado Edberto González de la Vega murió de coronavirus mientras estaba detenido en la unidad penal federal 34 de Campo de Mayo, donde cumplía una condena de 13 años de cárcel como uno de los responsables de la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, según informó Infobae.
de la Vega
De la Vega, en el centro, junto a Cornejo Torino y el mayor Gatto durante el juicio oral por las explosiones

El coronel retirado Edberto González de la Vega murió de coronavirus mientras estaba detenido en la unidad penal federal 34 de Campo de Mayo, donde cumplía una condena de 13 años de cárcel como uno de los responsables de la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, según informó Infobae.

González de la Vega fue pieza clave en el entramado de la venta ilegal de armas al exterior durante el menemismo, y acusado junto a otros tres camaradas de estrago doloso calificado en la tragedia de 1995. 

Además, tras las explosiones fue brevemente interventor de la planta local siniestrada. También fue gerente de Coordinación de Fabricaciones Militares.

Junto a él falleció Juan Domingo Salerno, procesado por delitos de lesa humanidad y preso en la misma unidad. 

La noticia fue confirmada por el Ejército Argentino. Desde el penal también comunicaron que otros 28 internos dieron positivo al test de coronavirus. Fuera de esta lista, Ramón Abel Recio, alojado en el mismo penal, debió ser internado por coronavirus y su situación de salud es crítica.

González de la Vega fue condenado en diciembre de 2014 junto a otros tres militares: Carlos Franke, Diego Gatto y Jorge Cornejo Torino. Todos cumplen la pena en prisión. 

La pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba había sido por “estrago doloso agravado”. De la Vega fue condenado a 13 años de prisión. En 2017, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la pena y calificó el delito como “un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil del ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.
 

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