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Doble crimen de Río Tercero. Se puso en marcha un nuevo juicio a los policías acusados

Policiales17/11/2026TribunaTribuna
INCENDIO
Así quedó la vivienda prefabricada incendiada y donde murieron dos personas.

A casi 12 años del trágico hecho y tras un sinuoso camino institucional cargado de apelaciones, e intentos de frenar el proceso, comenzó en la ciudad de Córdoba un nuevo juicio oral y público por el doble crimen en Río Tercero. En el banquillo de los acusados vuelven a estar los policías José Vidaurre y Cristian Ahumada, imputados por homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio por el uso funcional y por el medio utilizado.

El debate se lleva a cabo en la Cámara 11ª del Crimen de la capital provincial -específicamente en la sala del primer piso del edificio de tribunales donde se ventiló el juicio por el crimen de Blas Correas-, bajo la modalidad de jurado popular integrado por ocho miembros titulares y ocho suplentes. El tribunal técnico está presidido por la jueza Gabriela Rojas Moresi, acompañada por los vocales Horacio Carranza y Susana Frascaroli, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico López Villagra.

La representación de la familia Villalón está a cargo de los abogados querellantes Gustavo Nievas y Cinthya Mackena Hadad. Los acusados son asistidos por el defensor oficial Aníbal Zapata.

Las expectativas de la querella: prisión perpetua y el fin de una era de impunidad.
Sobre el desarrollo y las expectativas de este nuevo juzgamiento, Nievas remarcó la trascendencia del proceso y renovó el reclamo de justicia de los sobrevivientes. Según detalló el letrado, la investigación penal comprobó que bombas caseras tipo molotov arrojadas desde vehículos particulares destruyeron por completo la vivienda prefabricada de las víctimas, provocando la muerte de Mirtha Selva (53) y de su hijo Alejandro Villalón (20), en un ataque cuya intención aparente era “exterminar” a todos los ocupantes del inmueble.

Nievas enfatizó que la querella sostendrá con firmeza la acusación de homicidio doblemente calificado, una figura penal que prevé de manera unívoca la pena de prisión perpetua en caso de que el jurado popular determine la culpabilidad de los acusados.

Asimismo, la representación técnica de la familia solicitó la aplicación del artículo 400 del Código Procesal Penal para incorporar prueba nueva y testimonios que no pudieron ser volcados en el primer proceso “debido al clima de amedrentamiento imperante en Río Tercero”, según el abogado. 

El querellante explicó que durante la instrucción inicial existieron testigos que sufrieron severos aprietes y no se animaron a declarar abiertamente. Por ello, consideró clave que el juzgamiento se realice en la ciudad de Córdoba, otorgando una distancia institucional indispensable para que los testigos se expresen con libertad y sin temor.

Como muestra del temor persistente, la querella solicitó formalmente que ambos policías no estén presentes en la sala durante las declaraciones testimoniales de la familia Villalón.

Tanto Vidaurre como Ahumada declararon ya en el nuevo juicio y mantuvieron su inocencia. 

El trágico episodio ocurrió el 3 de noviembre de 2014 en barrio Belgrano, a metros de la avenida General Savio. Aquella noche, la casa prefabricada donde residía la familia Villalón fue alcanzada por artefactos incendiarios arrojados desde el exterior. El fuego convirtió el hogar en una trampa mortal y causó la muerte de Mirtha Selva y de su hijo Alejandro. Lograron salvar sus vidas Lucía Villalón, Nahuel Villalón y quien era entonces su pareja, Estefanía.

Desde el inicio de las actuaciones, lideradas por la fiscal de instrucción Andrea Heredia Hidalgo y el fiscal de cámara Gustavo Martín, la causa rozó resortes sensibles. En el expediente quedaron asentadas denuncias por graves intimidaciones.

En noviembre de 2018, la Cámara del Crimen de Río Tercero había resuelto absolver a los policías Vidaurre y Ahumada, tras el fallo del jurado popular. Sin embargo, en marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revocó de forma drástica esa absolución al constatar la existencia de débil fundamentación y la omisión arbitraria de evidencias determinantes.

El máximo tribunal provincial cuestionó la sentencia por no sopesar elementos de alto valor probatorio, como la declaración de un testigo que vio en las inmediaciones a un individuo con la vestimenta exclusiva de la división de explosivos de la Policía, uniforme que pertenecería a uno de los imputados. O los dichos de testigos que escucharon a Mirtha Selva exclamar en medio de las llamas: "Milico, me vas a quemar toda la casa". Además, el hallazgo en la escena de vidrios de botellas de color marrón que no correspondían a los enseres de la vivienda y que coincidían con las bombas de fabricación casera. Y mensajes anónimos recibidos por la familia que advertían: "Van a ir a acompañar a Lucas al cementerio Parque", en alusión a Lucas Funes, un joven fallecido en Río Tercero tras una persecución policial.

Frente a estas falencias, el TSJ ordenó el "reenvío" del expediente a un nuevo tribunal de la ciudad de Córdoba para garantizar la imparcialidad del juzgamiento.

Maniobras dilatorias y la trama de violencia institucional
El inicio de este segundo juicio demandó más de cinco años desde la resolución del TSJ debido a una multiplicidad de planteos de la defensa de los policías, quienes intentaron invocar la garantía contra el doble juzgamiento (non bis in idem) ante la Corte Suprema de la Nación y cuestionaron la intervención de jurados populares. Todas estas presentaciones fueron desestimadas al recordarse que la absolución de 2018 jamás había quedado firme.

Durante el tiempo en que permanecieron en libertad tras aquel fallo anulado, uno de los acusados volvió a quedar involucrado en un hecho trágico. José Vidaurre fue posteriormente condenado por la Justicia de Río Tercero a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado, al embestir con su auto y provocar la muerte del ciclista Aukha Bustos en una ruta.

Para la querella, la acción delictiva no se limitó al accionar individual de dos agentes. Tal como argumentó el abogado Nievas, existen elementos que apuntan a la existencia de una estructura de organización y la conformación de un "territorio liberado" para el hostigamiento de la familia Villalón, evidenciado en patrulleros que se concentraron en zonas distantes y registros fílmicos que muestran sectores donde se apagó el alumbrado público.

Nievas adelantó que se aportarán peritajes informáticos actualizados, y análisis de geolocalización de dispositivos digitales, que demostrarían la presencia de los acusados en la escena del crimen y sus inmediaciones. 
El juicio comenzó el pasado miércoles y proseguirá durante lo que resta de noviembre, y los meses de diciembre y febrero, tras la feria judicial de verano en que se conocerán los alegatos y la sentencia. 

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