Crisis judicial. El Colegio de Abogados denuncia un "colapso" por falta de personal, recursos y salarios dignos

El directorio del Colegio de Abogados de Río Tercero, encabezado por su presidenta, María Susana Bossa, brindó un pormenorizado informe sobre la crítica situación que atraviesa el Poder Judicial en la Décima Circunscripción. Las autoridades advirtieron que la combinación de un prolongado conflicto salarial, la carencia de magistrados y fallas estructurales en el sistema informático han llevado al servicio de justicia a un estado de parálisis que afecta directamente al ciudadano común.

Bossa calificó como "sumamente válido" el reclamo de los empleados judiciales, señalando que los sueldos actuales son muy bajos. Tras el fracaso de una conciliación el pasado 30 de junio, se confirmaron nuevas medidas de fuerza para los días 2 y 3 de julio, con la perspectiva de que los paros continúen tras la feria judicial. En lo que va del año, ya se han contabilizado 28 días de paro, una cifra que refleja la magnitud del conflicto.

Esta situación ha derivado en la declaración de numerosos días inhábiles -seis en el último mes-, lo que impide el avance de las causas y la salida de despachos diarios. "Es una situación inaudita", remarcaron desde el directorio, subrayando que la falta de empleados obliga a secretarios y jueces a realizar tareas administrativas, resintiendo la atención en las barandillas.

"Justicia de primera y de segunda"
Uno de los reclamos más fuertes fue la disparidad de recursos entre la capital provincial y el interior. Las autoridades denunciaron la existencia de una "justicia de primera y de segunda", donde Córdoba cuenta con oficinas y personal suficiente, mientras que en Río Tercero los recursos son siempre insuficientes para una zona que ha crecido demográficamente de forma sostenida.

Entre las carencias más urgentes, el Colegio destacó la falta de juzgados específicos. En ese marco consideraron "inminente" la necesidad de un Juzgado de Familia con su respectiva oficina, así como un Juzgado Laboral propio.

Señalaron que actualmente hay vacantes en la Cámara Civil y Comercial y en la Fiscalía de Narcotráfico. A esto se sumará la partida del fiscal Alejandro Carballo tras la feria, dejando dos de las tres fiscalías sin titular. Carballo asumirá como vocal de la Cámara del Crimen de 4° Nominación en la Capital provincial, reemplazando a una jueza que se jubila.

Los abogados cuestionaron la carencia de equipos técnicos. La sede no cuenta con médico forense, psicólogos, trabajadores sociales ni juzgados de violencia familiar específicos.

Además se lamentaron de las fallas en el sistema de administración de causas, que presenta demoras estructurales que generan un "cuello de botella" en la gestión de expedientes.

El impacto en el ciudadano "de a pie"   
Los abogados hicieron especial hincapié en que este conflicto no solo afecta a los abogados y sus honorarios, sino fundamentalmente a los justiciables. "Esta parálisis afecta gravemente al ciudadano de a pie; cuesta sacar una cuota alimentaria provisoria para que los chicos puedan comer o trabar un embargo", ejemplificaron.

Ante la respuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) alegando falta de presupuesto, el Colegio de Abogados, en conjunto con la Federación de Colegios de Abogados de la provincia (FECACOR), ha trasladado el reclamo al ámbito político. Las autoridades han solicitado una audiencia con el gobernador Martín Llaryora, entendiendo que es el Poder Ejecutivo quien tiene "la llave para resolver el conflicto" salarial y presupuestario.

Como medida paliativa, el Colegio comenzará a realizar un relevamiento de las causas más urgentes de los colegiados para hacer presentaciones directas ante los juzgados y tratar de destrabar los casos de mayor vulnerabilidad social. "Necesitamos visibilizar que este colapso es total y que la sociedad debe saber por qué sus trámites no avanzan", concluyeron.