El Concejo Deliberante aprobó, por mayoría el jueves de esta semana, la renuncia de la ciudad a la Comunidad Regional Tercero Arriba, que integraba desde la creación de estos espacios departamentales, durante la gestión en la provincia de José Manuel de la Sota.

La salida de Río Tercero de la Comunidad, fue a pedido del Ejecutivo y avalada por los concejales oficialistas, con el rechazo de los bloques opositores de Nuevas Ideas y Hacemos Unidos.

La decisión del intendente Marcos Ferrer fue planteada semanas atrás por desacuerdos políticos a partir de la conformación de las nuevas autoridades de la Comunidad Regional, representadas por municipios del PJ y sin la presencia de aquellos administrados por el radicalismo.

Paralelamente, y también por mayoría, el Concejo rescindió “de pleno derecho”, el contrato de comodato de un sector del predio del enterramiento sanitario municipal, que había sido cedido a la Comunidad Regional para el emplazamiento de la planta de tratamiento y reciclaje de residuos.

El terreno, donde se ubica la planta, vuelve ahora a la Municipalidad de Río Tercero.
En este caso Ferrer había expresado que la planta no funcionaba como tal, al margen de haber detectado procedimientos inadecuados en la disposición de los residuos, que depositan varias municipalidades del departamento.  

Una de las infracciones fue la presencia de residuos patógenos provenientes de clínicas locales, que habrían estado inertes pero cuya disposición en vertederos de residuos está prohibida.

Tales decisiones fueron rechazadas por los bloques opositores de Nuevas Ideas y de Hacemos por Córdoba, cuyos concejales indicaron que las medidas fueron producto de un “capricho”.

El concejal Nicolás Rodríguez, de Nuevas Ideas, indicó que se trató de “un capricho” y dijo que lo correcto hubiese sido la presentación de un amparo ambiental ante la irregularidad sobre el predio del basural, y mediante ese recurso legal haber obligado a la Comunidad Regional y a la empresa a cargo de la planta, su correcto funcionamiento.

Dijo Rodríguez que al rescindir unilateralmente un contrato que fue firmado en 2017 a 20 años, el Municipio de Río Tercero quedaría en riesgo de ser demandado por la Comunidad Regional por incumplimiento de convenio y “casi seguro perder el juicio”.