Continuará tras las rejas el abogado trucho de Villa General Belgrano

El abogado trucho quien ejercía la profesión sin contar con la matrícula correspondiente, continuará detenido. Esta semana la jueza de Control de los Tribunales de Río Tercero, Sonia Pippi, negó el pedido del abogado defensor para que Gustavo Fernando Martínez Milaez (47) recupere la libertad.

En mayo de este año la fiscal Paula Bruera había dictado la prisión preventiva del involucrado y su abogado había presentado un recurso oponiéndose a la medida, que esta semana fue confirmada por Pippi.

De esta forma, Martínez Milaez  continuará detenido a la espera del juicio.

El caso se ubica en la localidad de Villa General Belgrano y saltó a la luz a partir de una denuncia efectuada por el Colegio de Abogados de Río Tercero. Martínez Milaez fue denunciado en noviembre de 2022 y detenido en abril de este año, por orden del fiscal Alejandro Carballo, después de ser buscado intensamente por la policía.

El sospechoso logró ser detenido en la vía pública y desde entonces permanece en esta situación. 

En abril pasado la Policía realizó algunos allanamientos hasta que logró apresarlo en plena calle.

El hombre se presentaba como abogado utilizando, un estudio contable y jurídico de Villa Belgrano, y asesoraba como tal, sin matrícula habilitante. La mayoría de los casos se habrían registrado en Santa Rosa de Calamuchita.

Martínez Milaez, quien es oriundo de la provincia de Buenos Aires pero desde hace años residía en Villa General Belgrano, está imputado por varios delitos, que en caso de ser hallado culpable, lo llevarían por varios años a la cárcel: defraudación del titular fiduciario reiterado, ejercicio ilegal de la profesión, estafa reiterada y desobediencia a la autoridad.

El Colegio de Abogados de Río Tercero que se presentó como querellante en la causa, es patrocinado por el abogado Franco Garbarino. El letrado señaló que en caso de que a Martínez Milaez se lo encuentre culpable de todos los delitos que se le imputan podría llegar a tener una pena máxima de 50 años de cárcel.

Desde el Colegio de Abogados al anunciar que la entidad se presentaría como querellante particular en la causa, se indicó que el “objetivo es continuar defendiendo el ejercicio digno de la profesión y proteger los derechos de todos los abogados que ejercen la profesión conforme a la ley”. 

Asimismo, desde la entidad señalaron: “Queremos destacar la importancia de mantener la ética y el profesionalismo en el ejercicio de nuestra profesión, para garantizar la confianza y el respeto de la sociedad hacia nuestra labor”.