La Justicia de Río Tercero imputó al intendente de Almafuerte, Adrián Scorza, como así también a otro funcionario municipal y dos policías, en el marco de una investigación por pagos irregulares de adicionales policiales.

Los acusados fueron indagados este miércoles por el fiscal Alejandro Carballo, pero se habrían abstenido de declarar.

De la acusación por "defraudación calificada en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad" se desprende que los pagos municipales a la Policía no quedaban registrados en el circuito formal a través de depósitos en el banco, sino que se hacían directamente en la comisaría.

Bajo la figura de cómplices necesarios, además de Scorza, la imputación alcanza al secretario de Gobierno, Gerardo Vélez y el comisario Cristian Brassine, mientras que la sargento Carina Molina, aparece como cómplice secundaria.

La denuncia judicial fue rubricada por José Escribano, un abogado que si bien ejerce su profesión en Córdoba, tiene domicilio en Almafuerte y se habría respaldado en material aportado por el Tribuno de Cuentas, Fernando Martínez.

Por esta causa, el fiscal ya había ordenado allanamientos en la comisaría y la sede municipal, en setiembre del año pasado.