Almafuerte: la oposición apunta contra concejales por el eco-parque industrial

Desde que fue planteado por la gestión municipal que encabeza el intendente Rubén Dagum, el proyecto de instalar un eco-parque industrial ha encontrado resistencia por parte de la oposición política.
Vale recordar que por entender que le faltaba mayor representatividad a la conformación del ente promotor, rechazaron su aprobación por ordenanza y una vez compuesto por decreto, desistieron de integrarlo bajo argumentos similares.
Ahora, tras conocerse el anuncio por parte del Municipio de un paso clave como fue la cesión con cargo del lugar donde será instalado, continúan los cuestionamientos.
Mediante dos publicaciones en redes sociales, desde Hacemos por Almafuerte, destacaron “el valor de conocer nuestras leyes” y en el siguiente plantearon que “la ordenanza de donación es nula”.
En cuanto a la primera de ellas, se explica el concepto dedonación y las formalidades que implica el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también destacan lo establecido por la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno del Concejo Deliberante, en cuanto a la tramitación de proyectos. Sobre este último resaltaron que los mismos deben ser presentados 48 horas antes de la sesión, acompañados de todos los elementos de estudio
disponibles.
No obstante, en la segunda publicación, afirmaron que a la comisión del Concejo, presidida por Verónica Lázaro, solo se envió el borrador del Proyecto de Ordenanza de Aceptación de la Donación, sin la escritura y los decretos de aceptación del Ejecutivo, como marca el citado reglamento.
“Consideramos que la ordenanza aprobada por el oficialismo es irregular/ilegal, dadas las omisiones que hemos expresado, a lo que dejaremos constancia en el Concejo y se remitirá una nota al Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba”, advirtieron.
En consecuencia de todo lo expuesto, afirmaron que “podría existir un abuso de autoridad” por parte del presidente del Concejo, Daniel Romero, y apuntan contra Lázaro, bajo “la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.