Tribuna Abierta. De la mamá de Tania Abrile a las familias de Córdoba

El viernes 1 de octubre la Cámara 12 del Crimen de la ciudad de Córdoba, condenó a cuatro años y medio de prisión a tres hombres que en 2019 organizaron una fiesta electrónica clandestina en una casaquinta de Camino a 60 Cuadras, sin contar con autorización de la Municipalidad de Córdoba. En ese evento murió un joven de 20 años por haber consumido éxtasis. Según La Voz del Interior, los organizadores fueron hallados responsables por haber creado las condiciones para el consumo de drogas. 

Celebramos que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba haya tratado este caso con la celeridad que su gravedad requiere, dando una respuesta, aunque sea parcial, a las víctimas de estas tragedias anunciadas. 

Nuestra situación es distinta, aunque los hechos son similares: hace cinco años que peregrinamos por los tribunales cordobeses pidiendo que la Justicia nos permita conocer la verdad de lo sucedido con la muerte de mi hija Tania, en una fiesta electrónica donde se distribuían drogas antes la mirada indulgente de organizadores y personal de seguridad. 

En todo este tiempo hemos soportado el peso de una burocracia boba que hasta nos negó el derecho al luto y a un funeral, manteniendo secuestrado el cuerpo de nuestra hija durante más de tres años. Para coronar este periplo, la Cámara de Acusación dictó sobreseimiento a favor de los imputados, tanto en la causa por drogas como la del homicidio culposo. Se suma a nuestra angustia, la falta de empatía y de compromiso con el dolor ajeno por parte de los jueces, el desconcierto: un tribunal condena en una situación similar en la que otro libera de culpa y cargo. En un caso, se hizo Justicia y eso nos motiva a no perder la esperanza, a seguir implorando, gritando, para que alguien finalmente nos escuche. 

Graciela Flores

(N. de la Redacción. Tania Abrile (38) murió el 24 de julio de 2016 en una fiesta electrónica, realizada en Córdoba, tras haber consumido éxtasis. Su muerte generó la apertura de dos causas judiciales: una por homicidio y la otra por facilitación de lugar de consumo para estupefacientes).